El Gobierno de Nicaragua acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, de ser parte de una “campaña de mentiras” y dijo que “manipuló información” para convertir “un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica”.
Las acusaciones se desprenden de un informe elaborado por la Cancillería que acusa a la entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) de haber usado” criterios parcializados y sesgados” sobre “actos de violencia y crímenes” presuntamente cometidos por los manifestantes opositores tras el estallido de la crisis en abril.
El denominado “Informe evaluativo de la información parcializada y politizada de la CIDH en Nicaragua”, publicado por el portal oficialista “19 Digital”, arremete contra una investigación preliminar presentada por la CIDH el 21 de mayo y un informe final ofrecido ante el Consejo Permanente de la OEA un mes más tarde.
La CIDH basó sus informes en observaciones en el lugar de los hechos realizadas entre el 17 y el 21 de mayo en las ciudades de Managua, Masaya (oriente), León (occidente) y Matagalpa (norte), principales focos de la violenta acción militar y paramilitar contra manifestantes antigubernamentales, así como visitas a dos importantes cárceles y un hospital.
El Gobierno afirma que la CIDH se basó en “informaciones audiovisuales y testimonios editados y manipulados” por los manifestantes sin darle oportunidad de réplica.
No obstante, se contradice al afirmar que en su momento brindó a la CIDH “abundantes evidencias e información (…) que comprobaban el carácter violento de las acciones terroristas (…) cometidas por los grupos golpistas”.
“La actuación de la CIDH en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos y otros países, promueve maniobras políticas injerencistas, intentando desestabilizar y aislar internacionalmente a Nicaragua con el objetivo de derrocar a su Gobierno constitucional”, añade el texto oficialista.
“El pueblo de Nicaragua exige el cese de la participación de la CIDH en la campaña política y mediática, de mentiras, tergiversación, calificativos y estigmatización en contra del Gobierno”, concluye el documento en el que también se insiste en que la mayor parte de los fallecidos desde abril eran sandinistas.
A través de un comunicado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente) rechazó el informe gubernamental calificándolo de “infundado” y de emitir “insultos, afirmaciones inexactas y descalificaciones calumniosas” contra la CIDH.
“El lenguaje descalificador” usado por el Gobierno “es una cortina de humo para evadir responsabilidades (…) al violar sistemáticamente los derechos humanos de los nicaragüenses”, indicó el Cenidh.
Nicaragua vive su peor crisis política en las últimas décadas, iniciada el 18 de abril con una protesta estudiantil y que se agravó tras la violenta acción de policías y paramilitares, que ha dejado hasta hoy 450 muertos, 2.800 heridos y unos 400 detenidos según ONG de derechos humanos. El Gobierno habla de 198 muertes.
Fuente: DPA
