Durante la primera reunión de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, padres de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes alcanzaron acuerdos para la asistencia técnica internacional con el fin de esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
En entrevista con Apro, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, informó que en la reunión de tres horas que estuvo presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se llegaron a tres acuerdos fundamentales que buscan integrar en los trabajos de asesoría técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), así como a algunos exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Rosales Sierra explicó que en apego a la determinación de abordar el apoyo internacional en dos niveles, el de “las investigaciones criminalísticas y penales, y de las irregularidades en la investigación, como los casos de tortura y las registradas en el Río San Juan, en Cocula”, la CIDH y al menos tres exintegrantes del GIEI participarán en la primera parte, y en la segunda, la ONU-DH.
Como parte de los acuerdos, “se decidió que las partes vamos a construir una nueva propuesta para diseñar un nuevo mecanismo de seguimiento que correrá a cargo de la CIDH, porque el que está en funciones actualmente concluye su mandato en febrero”.
Apuntó que una vez que se concrete el documento, le corresponderá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) turnar la propuesta a la CIDH, así como “el refrendo de la asistencia técnica que hasta ahora ha dado el organismo”.
Agregó que se acordó invitar a la próxima reunión de la Comisión, programada para el 20 de febrero, al responsable de la ONU-DH, Jan Jarab, para que su oficina “brinde la asistencia técnica en la investigación interna de la PGR, que se lleva a cabo sobre las torturas a detenidos y las irregularidades, plasmadas en su informe Doble Injusticia”.
Como tercer punto, las partes acordaron acudir al próximo periodo de sesiones de la CIDH, a realizarse del 7 al 16 de febrero en Sucre, Bolivia, “para terminar de consolidar los términos de la colaboración”.
Vidulfo Rosales señaló que al término de la primera reunión de trabajo, los familiares de las víctimas que acudieron en representación de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, y los representantes, consideraron que por parte de los funcionarios “se mostró voluntad para avanzar en los trabajos de la Comisión Presidencial para la Verdad, pues pese a la austeridad ordenada por el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, en este caso no será una limitante para que los compromisos contraídos se lleven a cabo”.
Rosales aclaró que por el momento no se tiene establecido el mecanismo para crear la Comisión de Investigación para la Verdad y a Justicia, que ordenó el Poder Judicial, que tendría que ser creada por la Fiscalía General de la República (FGR), y en la que tendrían participación los representantes de los familiares de los desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como los organismos internacionales.
Además de Encinas, en la reunión estuvieron presentes el secretario técnico de la Comisión Presidencia, Félix Santana; el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, Aarón Mastache; el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Cancillería, Martha Delgado Peralta.
Estuvieron presentes abogados de Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación, y Servicios y Asesoría para la Paz, organizaciones que representan a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Fuente: Apro
