Finalmente, el PRI admitió que previo a la jornada electoral del 1 de julio se usaron unas 8 mil tarjetas prepagadas de Monex con un monto de 66.32 millones de pesos para la operación electoral, pero asegura que no se contrató directamente sino a través de la firma Alkino Servicios y Calidad. Este mismo jueves el partido había negado ante la PGR cualquier relación con el grupo financiero Monex. Incluso, la dirigencia nacional había amenazado al PRD y al PAN con interponer una denuncia penal por acusaciones falsas de un eventual lavado de dinero para favorecer el triunfo del candidato priista Enrique Peña Nieto, como ha denunciado insistentemente el abanderado de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador. No obstante, el IFE estimó que la investigación respectiva se llevará hasta 2013.
Anoche, en el programa de Salvador Camarena en W Radio, Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico del equipo de trabajo de Enrique Peña Nieto, reconoció que sí existe un vínculo “indirecto” entre el grupo Monex y la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
Durante días, incluso durante la campaña, tanto el Partido Acción Nacional como el Movimiento Progresista han insistido en esa liga. Y una y otra vez el PRI lo había negado. Hasta ayer.
Murillo Karam dijo que la firma fue contratada por Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V. para proporcionar tarjetas de prepago para los sueldos de su estructura.
– ¿La totalidad de las tarjetas que Alkino Servicios les da es de Monex?– se le preguntó en entrevista en W Radio.
– Alrededor de 8 mil, sí–, dijo.
– ¿Son de Monex todas?
– Sí, así es. Parece ser que sí, yo no estoy muy al tanto sobre los contadores, pero parece que las 8 mil sí.
En un comunicado el CEN del PRI afirmó el miércoles:
“Ante el hecho de que cada acusación o demanda emitida ha sido esclarecida y abatida por su propia debilidad, queda claro que el señor López Obrador y su equipo van de mentira en mentira. Bajo esta lógica, demandó el conteo voto por voto y cuando éste se verificó y confirmó el resultado, cambió su argumento a la compra masiva de sufragios, que tampoco pudo sostener y ahora lanza otra acusación inverosímil de lavado de dinero”.
Ante la PGR niega relación con Monex
El secretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Raúl Cervantes Andrade, entregó este jueves ante la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República (PGR) los documentos con los cuales rechaza las imputaciones de compra de votos y operaciones de lavado de dinero.
Los partidos de la coalición Movimiento Progresista y el Partido Acción Nacional acusan al PRI de haber utilizado recursos de procedencia ilícita, que triangularon con Monex, para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto.
La dirigencia nacional del PRI reconoció que utilizó 7 mil 851 de tarjetas de prepago para distribuir más de 66.32 millones de pesos con el objetivo de financiar su estructura electoral y de organización para los comicios del 1 de julio.
El periódico Reforma reveló ayer por la tarde que en un documento entregado a la Procuraduría General de la República (PGR), el tricolor aclaró que el servicio de tarjetas no fue contratado con la empresa Monex, como han denunciado las dirigencias nacionales del PAN y de los partidos que integran el Movimiento Progresista.
El PRI detalló que el servicio de tarjetas fue contratado con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V. En el informe se explica que el partido pagó a ésta 1.68 millones de pesos por la contratación del servicio, dice Reforma.
Adicionalmente, indica el escrito, pagó 50 pesos más IVA por cada una de las tarjetas. De manera adicional, Alkino facturó al partido un pago de 2.
“Con fecha del 1 de marzo de 2012, el PRI celebró contrato con la empresa Alkino a través del cual se obligó a prestar servicios de desarrollo, diseño e implementación de solución y negocios, basados en mecanismos de disponibilidad inmediata, de recursos monetarios, consistentes en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizados por personas autorizadas por el partido”, refieren en el documento que da a conocer Reforma.
El PRI distribuyó un extracto de la respuesta contenida en los documentos que presentó el pasado lunes ante el Instituto Federal Electoral (IFE) y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su condición de tercero afectado y que son los mismos además entregados esta tarde a la PGR.
En el documento, el PRI asegura que durante el proceso electoral federal 2011-2012 sus acciones se ajustaron escrupulosamente al marco legal y en ese sentido son falsas las imputaciones “sobre una supuesta contratación con Banca Monex S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Monex, para la distribución de tarjetas de prepago con la leyenda “Monex recompensa” y con las cuales los demandantes aseguraron que la coalición Compromiso por México recibió una contribución equivalente a por lo menos 250 millones 455 mil 227.71 pesos, lo que en su opinión constituye una aportación prohibida en la ley, un mecanismo de afectación de la libertad del sufragio y un rebase a los topes de campaña.
El PRI insiste en rechazar cualquier relación jurídica o comercial con Banco Monex y rechaza haber recibido dinero o aportaciones de personas morales. En el mismo sentido establece que el PRI “no tiene relación contractual alguna con las empresas que se requieren en el recurso interpuesto, mismas que denomina Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra”.
El PRI acepta que el 1 de marzo de este año celebró un contrato con Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V. para que esta empresa le prestara servicios de desarrollo, diseño e implementación de soluciones de negocios, “basados en mecanismos de disponibilidad inmediata de recursos monetarios, consistente en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizada por personas autorizadas por el partido”.
Se refiere, indica el tricolor, al mecanismo utilizado para pagar a la estructura (personal) contratada en distintas áreas de trabajo para cumplir con metas y objetivos relacionados con tareas ordinarias de ese organismo político.
Especifica que dicho contrato fue por 66 millones 326 mil 300 pesos por los cuales el PRI recibió 7 mil 851 tarjetas de prepago y por cuya prestación pagó a la empresa Alkino un millón 450 mil 455.67 pesos más 16 por ciento por concepto de IVA.
Tras hacer este desglose, el PRI concluye en su escrito que los recursos aplicados a través de las tarjetas que fueron entregadas por Alkino fueron empleados para cubrir gastos que conforme con la normatividad aplicable son considerados como ordinarios y no de campaña, y dichos gastos habrán de ser informados en el tiempo y formas establecidos en el Artículo 83 Párrafo 1 Inciso B del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La dirigencia nacional amenazó con denuncia penal
El PRI rechazó las acusaciones de lavado de dinero en el financiamiento a Enrique Peña Nieto y pidió a la PGR que, si se comprueba que hubo mentiras, sancione a los responsables.
El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, anunció este jueves que su partido pedirá a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue los dichos sobre supuesto lavado de dinero en la campaña presidencial de Peña y, en caso de ser infundados, reciban una sanción.
El senador Joaquín Coldwell lamentó que sus homólogos Gustavo Madero del PAN y Jesús Zambrano del PRD se hayan unido “sin prueba alguna” a las acusaciones del “candidato perdedor”, Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles acusó que presuntamente dinero proveniente del crimen organizado o de los presupuestos estatales fue triangulado por empresas fantasmas hacia Monex, que habría expedido al PRI tarjetas prepagadas para comprar votos.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PRI niega categóricamente el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial o que se hayan rebasado los topes de campaña.
Caso Monex se resolverá hasta 2013, dice IFE
La denuncia de presunto “lavado” de dinero por el caso Monex en la campaña del PRI sigue abierta, pero los resultados de la investigación se conocerán hasta enero del próximo año. E
l consejero presidente del órgano electoral, Leonardo Valdés Zurita, puntualizó en conferencia de prensa posterior a la sesión extraordinaria del Consejo General del IFE, que en caso de confirmarse se aplicará la sanción correspondiente.
Descartó que por el interés de algunos actores políticos se puedan apresurar las investigaciones para darles gusto, pues recordó que la Unidad de Fiscalización es autónoma y ni el propio Consejo General del IFE le puede ordenar que transgreda la ley.
Valdés Zurita destacó que en la sesión extraordinaria de este día se desahogaron 13 procedimientos especiales sancionadores de trámite. Resaltó que la Unidad de Fiscalización tiene los instrumentos, técnicos y legales suficientes, para desentrañar hasta el fondo las quejas presentadas por los actores políticos como la del Movimiento Progresista.
Antes de la creación de la Unidad de Fiscalización con autonomía y con facultades para superar los secretos bancarios, fiduciario y fiscal, la Comisión del IFE encargada de la fiscalización fue capaz de descubrir la trama de los “Amigos de Fox” y del “Pemexgate”, recordó.
En esos casos, agregó, se incluyó doble contabilidad de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), remarcó el consejero presidente. Por ello, sostuvo que todas las quejas relacionadas con la fiscalización que se han recibido se esclarecerán completamente y a fondo, pero, eso sí, reiteró, en los términos y plazos que marca la ley.
En este punto, explicó que no debe haber dudas que habrá resultados, pero éstos se conocerán hasta enero del año próximo, lo que en sí mismo representa un avance ya que originalmente el plazo vencía hasta junio de 2013.
El funcionario electoral retomó los antecedentes de “Amigos de Fox” y de “Pemexgate” para señalar que si se encuentran elementos que configuren una infracción o delito, el Instituto Federal Electoral (IFE), sin duda, aplicará las sanciones correspondientes.
Informó que antes de las elecciones la Unidad de Fiscalización recibió 60 quejas relacionadas con su materia y otras 140 después del proceso electoral. Entre ellas, dijo, se encuentra el posible “lavado” de dinero y aun cuando insistió que habrá resultados de todas, hizo notar que el órgano especializado para investigar dicha práctica es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
La postura del consejero presidente del IFE fue respaldada por los consejeros Lorenzo Córdova, Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños. Los tres consejeros coincidieron en declaraciones a la prensa previas a la sesión en que el IFE no es rehén ni debe aceptar presiones de nadie para resolver en un sentido o adelantar los resultados de las quejas, materia de fiscalización.
Con información de Reforma, SinEmbargo.mx y Notimex
Pulso Ciudadano subió a su sitio Web una copia íntegra de la denuncia que el Frente Progresista ha presentado ante el IFE. Aquí puede consultarla:
