El presidente de Iberdrola, el empresario Ignacio Sánchez Galán, superó su primera junta anual de accionistas desde su condición de imputado por la justicia española por varios delitos graves, filtrando los asuntos espinosos como el espionaje ilegal, la manipulación del precio de la electricidad, la expropiación ilegal de un terreno para construir una planta fotovoltaica y los problemas legales que tiene en varios países, de manera destacada el caso de México, donde afronta una multa millonaria.
En una reunión controlada al milímetro y en la que las preguntas se hicieron de forma escrita y telemática, la cúpula de la multinacional aprobó las cuentas y anunció, en plena crisis de la pobreza energética por los altos precios de la electricidad, que se alcanzarán unos beneficios históricos que superarán 4 mil 200 millones de euros (92 mil millones de pesos).
Iberdrola celebró su junta anual de accionistas en Bilbao, donde tiene su sede central y goza del apoyo del poder político hegemónico en el País Vasco, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Sánchez Galán es el primer presidente de Iberdrola que se mantiene en el cargo a pesar de tener una imputación penal en firme por diversos delitos relacionados con el espionaje ilegal, que supuestamente encargó al ex comisario de policía José Manuel Villarejo para que obtuviera información de empresas de la competencia, políticos, periodistas y líderes medioambientales contrarios a sus intereses.
El caso está en los juzgados, así como otros más que afectan a su gestión, entre ellos la manipulación de los precios de la electricidad tras el vaciado intencionado de varios pantanos, provocando en la zona una escasez de agua crónica que afecta a miles de personas, además de la expropiación ilegal de 520 hectáreas de terreno en Badajoz para la construcción de la mayor planta fotovoltaica de Europa, que además estuvo funcionando sin licencia.
Al margen de esos temas espinosos, Sánchez Galán hizo un balance triunfalista y anunció tanto un dividendo extra para los accionistas como un futuro promisorio, en el que se alcanzarán, por segundo año consecutivo, unos beneficios históricos.
Para evitar cualquier polémica o preguntas incómodas, la junta tuvo un formato atípico, con un aforo reducido y con un orden del día que se limitó a la lectura de las intervenciones de Sánchez Galán y en la que no se abrió el micrófono a los accionistas, si acaso se permitió la lectura, por parte del secretario, de algunas de las inquietudes presentadas.
La única pregunta difícil para Sánchez Galán fue la relativa a por qué la empresa no ha podido ejecutar la compra que realizó por 7 mil millones de euros de la eléctrica estadunidense PNM, operación vetada por el regulador de Nuevo México, por su preocupación por el historial de servicio de Avangrid (filial de Iberdrola en EU) en Maine y por la investigación judicial también a Sánchez Galán por el supuesto espionaje ilegal a políticos y rivales.
El presidente de Iberdrola respondió que estaba “convencido” de que el recurso judicial presentado contra esa decisión del regulador local “va a ser positivo”.
El resto de las preguntas que se leyeron en voz alta fueron sobre la postura de los gobiernos con los que trata Iberdrola sobre la descarbonización, el impacto de la guerra en Ucrania o sobre la situación macroeconómica y de precios energético. Las demás inquietudes, que no se develaron, las irá contestando la cúpula de Iberdrola por escrito y de forma personalizada a los interesados.
Sánchez Galán anunció, entre aplausos de los accionistas, el objetivo de alcanzar este año un beneficio de entre 4 mil y 4 mil 200 millones de euros e incrementar así el dividendo en la misma proporción, tras unos resultados en el ejercicio anterior que alcanzaron el beneficio récord de 3 mil 855 millones de un euros. Además, anunció una inversión para los próximos cuatro años de 10 mil millones de euros en diversos proyectos en Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido.
Entre los acuerdos a votación se aprobó también la ratificación del nombramiento como consejera de la ex ministra española de Agricultura, Isabel García Tejerina (PP), y la ex directora general de los registros del Ministerio de Justicia, María Ángeles Alcalá, además de la renovación del mandato del antiguo embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Anthony L. Gardner, con lo que confirmó la tendencia de la empresa de contratar a ex líderes políticos para defender sus intereses.
Fuente: La Jornada
