Por José Carlos García Fajardo*
Estamos hartos de la charlatanería sobre la corrupción por parte de los políticos, queremos actuaciones radicales contra los mangantes, escribe Rosa Montero que expresa la indignación de los ciudadanos. Y cuenta otro de los escándalos que azotan como peste a España: Hay un abogado, Antonio Penadés, que ejerce la acusación popular contra Blasco, consejero de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana que se quedó con seis millones de euros destinados al Tercer Mundo para necesidades críticas y reales; además se quedaron con 200.000 Euros recaudados entre la ciudadanía para ayudar a los afectados por el huracán que asoló Haití. Malgastaron estos dineros en inmuebles, viajes, coches de alta gama y hoteles de lujo. Gracias a los fiscales, a Penadés y a la abogada de la Generalitat, esos miserables fueron condenados y a Blasco le cayeron ocho años de cárcel.
Ahora Penadés y otros han montado Acción Cívica, una asociación independiente y apolítica contra la corrupción. Me emociona y consuela comprobar una y otra vez que existe gente así. Mujeres que tras regresar molidas del trabajo le preparan la cena al anciano vecino; bomberos que recogen alimentos para familias necesitadas; ciudadanos de a pie que, como Penadés, sabe defendernos. La vida sería invivible sin ellos.
Acción Cívica contra la corrupción brinda su estructura para que abogados de cualquier punto de España puedan personarse como Acusación popular, en representación de la misma y de forma desinteresada, en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos.
El único objetivo de Acción Cívica consiste en coadyuvar con la justicia y colaborar en el esclarecimiento de la verdad, sin importar el color de los partidos involucrados en cada uno de los casos. Actúan desde planteamientos racionales, de un modo constructivo y al servicio de la Fiscalía Anticorrupción, una institución digna de encomio a la que se le niegan los refuerzos que tanto necesita.
La idea nació a raíz de un procedimiento judicial por desvío de subvenciones destinadas a países empobrecidos, proceso en el que Antonio Penadés, presidente de la asociación, ejerció la acusación popular a título individual. Eran muy pocos los que confiaban en que fueran a servir para algo los esfuerzos llevados a cabo por la juez, los fiscales Anticorrupción y el resto de las acusaciones. Sin embargo, el juicio oral de la primera de las tres piezas separadas finalizó con sentencia condenatoria para los nueve encausados y con penas de 8 años de cárcel para los dos protagonistas de la trama.
Mediante esta asociación es como se rebelan contra la idea de que es imposible cambiar el estado actual de las cosas. Lo hacen de dos maneras. Por un lado, ayudan fiscales y jueces a limpiar las instituciones del Estado mediante el ejercicio de la Acusación popular en procedimientos por corrupción política. Por otro, reclaman la implantación de un sistema eficiente de control en la Administración para evitar que esta situación se repita en el futuro.
Parten de la idea de que ambas medidas son necesarias para alcanzar una justicia social que permita acercarnos a la ética colectiva y a la optimización de los recursos humanos y materiales de nuestro país. La depuración de las responsabilidades penales es un paso esencial, pero todo este esfuerzo resultaría inservible sin la restauración de los controles administrativos que algunos políticos eliminaron durante un silencioso proceso en el que los funcionarios de carrera que ejercían esas funciones acabaron siendo reemplazados por personas afines al partido.
Con el objeto de salir algún día de la crisis económica y de valores que nos azota, debemos hacer cuanto esté en nuestras manos para ayudar a la Justicia, que encarna el último filtro del Estado de Derecho.
Cuando vemos la cantidad de talento desaprovechado que hay en España, en especial entre los jóvenes, preparados pero desmotivados y casi sin opciones, reforzamos el convencimiento de que la única posibilidad de remontar esto pasa por juzgar y encarcelar a los culpables por corrupción, restituir el dinero robado y tomar medidas sólidas de cara al futuro.
Antonio Muñoz Molina en su ensayo Todo lo que era sólido, afirma que “no tendremos disculpa si no hacemos todos lo mucho que está en nuestras manos, en las de cada uno, para que no se pierda lo que tanto ha costado construir, para asegurar a nuestros hijos un porvenir habitable”. Es hora de que la ciudadanía dé un paso adelante y reivindique su espacio; y que, actuando al servicio de los fiscales y los jueces, marquemos a la clase política cuáles son los límites que impone nuestro ordenamiento jurídico y la ética más elemental.
* José Carlos García Fajardo. Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
Twitter: @GarciafajardoJC
