Al estimar que fue víctima de una detención ilegal y fue interrogado bajo presumibles actos de tortura, un juez federal absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de la organización Guerreros Unidos, del juicio que tenía iniciado por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Óscar García Vega, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, determinó que los dos primeros testimonios de Casarrubias, donde narra la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no tienen ningún valor probatorio porque la PGR probablemente los obtuvo con torturas.
La sentencia absolutoria no implica que el presunto capo vaya a quedar libre, debido a que tiene al menos otro juicio en curso por delincuencia organizada, sin embargo, esta determinación del juez García tendrá consecuencias en el proceso por el caso Iguala.
“Fue víctima de detención ilícita por no haberse justificado el presupuesto de flagrancia al momento de su aprehensión en torno a la conducta ilícita imputada, lo que igualmente trascendió en una detención prolongada de manera injustificada por sus captores.
“No se le informaron sus derechos de manera inmediata al ser detenido. La declaración ministerial que se obtuvo de Sidronio Casarrubias Salgado o Santiago Jaurer Cadena fue recabada a través de presumibles actos de tortura”, dijo el juez García Vega.
De acuerdo con el fallo, la PGR afirmó que el 16 de octubre de 2014 detuvo a Casarrubias junto con Norman Isaid Alarcón en el kilómetro 40 de la carretera México-Toluca, frente al restaurante Fogón Do Brasil, en la zona de la Marquesa.
El problema es que la Policía Federal Ministerial manifestó que fueron capturados en flagrancia, lo que para el juez no está acreditado, y que había evidencias de que fueron detenidos un día antes.
Tanto Casarrubias como Alarcón declararon que fueron aprehendidos el 15 de octubre dentro del restaurante Fogón Do Brasil y no el día 16 en la camioneta estacionada afuera de dicho establecimiento, como dijo la PGR.
Pero el dato clave era que Francisco Javier Dávila García y Fabián Rojas Hernández, dos personas que se habían reunido en el restaurante con Norman Isaid Alarcón, presentaron denuncias el 18 y 20 de octubre de 2014 ante la Procuraduría del Estado de México, en Lerma, por el delito de lesiones.
Cuando Sidronio rindió su declaración ante el juez, dijo que sus aprehensores nunca dijeron ser policías, sino que era un asalto y secuestro, que lo torturaron y violaron, y que no llevaba armas.
Fuente: Reforma
