Revelan la transferencia encubierta de otros 13 millones de dólares del llamado ‘departamento de sobornos’
Una nueva investigación internacional del caso Odebrecht revela la transferencia encubierta de otros 13 millones de dólares del llamado “departamento de sobornos” a cuatro empresas mexicanas.
Otros 13.3 millones de pesos fueron pagados por la CFE a una segunda empresa fantasma, durante la gestión de Enrique Ochoa.
De acuerdo con investigación internacional basada en documentos del caso que fueron extraídos de una plataforma secreta de la constructora brasileña, las transacciones por este monto fueron realizadas desde el llamado “departamento de sobornos” a cuatro empresas mexicanas, presuntamente para corromper en México y en otros países, como Ecuador y Guatemala.
El hallazgo, que salpica a políticos hasta ahora no mencionados, es parte de la investigación transfronteriza “División de Sobornos”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en la que participa Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En el centro de esta trama está un despacho de Tamaulipas que sirvió a Odebrecht, y que fue utilizado para ayudar a operar dos empresas fantasmas usadas por el departamento de sobornos de la constructora brasileña.
Según los nuevos documentos, hay indicios de que los 13 millones de dólares de pagos encubiertos transitaron por al menos tres intermediarias de Tamaulipas y el norte de Veracruz, ligadas entre sí.
Se trata de PLC Servicios, TTG Asociados y Blunderbuss Company de México.
Un modus operandi frecuente del “departamento de sobornos” era simular contratos con empresas para ocultar pagos ilícitos a políticos o financiamiento electoral.
La información no detalla el destinatario final del dinero, pero aporta indicios para ser investigados por las autoridades mexicanas.
Por ejemplo, en la plataforma secreta Drousys, a la que tuvo acceso MCCI, aparecen operaciones reportadas en 2014 por casi 5 millones de dólares que involucran a PLC y poco más de 2 millones de dólares con TTG.
Las operaciones de PLC están ligadas con una obra carretera en Guatemala y las de TTG con una obra hidráulica y un gasoducto en Ecuador, ejecutadas por Odebrecht, según los documentos revisados.
En uno de los mensajes que permanecían encriptados aparece la anotación de una “primera operación” del “programa 2014” por concepto de supuesto pago de CNO (iniciales de Constructora Norberto Odebrecht) a través de PLC por 1 millón 32 mil dólares.
En otro mensaje del mismo sistema secreto aparece una segunda operación con PLC México, esta vez por 1 millón 380 mil dólares.
En el rastreo se localizaron otras dos operaciones que involucran a PLC: una con la anotación “inversión SIGMA” por 920 mil 76 dólares y otra con la descripción “Swift transfer” (transferencia bancaria) por 1 millón 548 mil dólares.
En conjunto, las operaciones financieras con PLC sumaron 4 millones 880 mil dólares.
Algunas de las transferencias de PLC tienen la anotación de Guatemala, país en el que Odebrecht ha confesado que pagó 18 millones de dólares en sobornos para obtener un contrato de 384 millones de dólares para la construcción de una autopista que conectaría con México, la cual dejó inconclusa.
En la misma plataforma se localizó un contrato firmado el 13 de mayo de 2013 en el que TTG se comprometió a dar asesoría para preparar y negociar una oferta en la licitación del acueducto Represa La Esperanza-Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, en la provincia de Manabí, Ecuador, obra que fue asignada meses después a Odebrecht.
Otro archivo de la misma plataforma secreta reporta dos pagos de facturas en 2014 por 2 millones 43 mil dólares en los que aparece el nombre de TTG México. Los pagos están relacionados con el Poliducto Pascuales-Cuenca, que fue ejecutado por Odebrecht en Ecuador.
En uno de los mensajes encriptados aparece la advertencia de que los pagos por el contrato que TTG firmó con Odebrecht podrían ser interpretados como sobornos.
En la plataforma Drousys hay, además, registros de transferencias por más de 6 millones de dólares realizadas entre 2009 y 2011 a la empresa fantasma Blunderbuss Company de México, afincada en Poza Rica, Veracruz, a través del departamento de sobornos de Odebrecht.
De estos movimientos ya se había desde 2017. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han podido determinar quién fue el beneficiario final de ese dinero.
Reporta SAT a operadora de NL
PLC Servicios y TTG Asociados, dos de las presuntas intermediarias de Odebrecht, están vinculadas entre sí. El dueño de la primera empresa trabaja para la segunda, según consta en las actas inscritas en registros mercantiles.
Aunque PLC Servicios fue creada en el municipio de Naranjos, al norte de Veracruz, su más reciente domicilio fiscal lo reportó en el piso 20 de la torre 2 del conjunto “Oficinas en el Parque”, conocidas como “Torres Moradas”,ubicadas en Rincón de Santa María, en Monterrey.
Antes, en 2014, notificó a las autoridades fiscales que sus instalaciones estaban en el piso 33 de la calle Montecito 38, en la colonia Nápoles, que corresponde a una oficina virtual del edificio del World Trade Center en la Ciudad de México.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigaba desde 2018 a PLC por presunta simulación de operaciones. En septiembre de aquel año, el órgano fiscalizador envió un oficio al representante legal de la empresa para notificarle las irregularidades que habían detectado en una revisión en sus estados contables.
En principio, le informó que no se había localizado a la empresa en Monterrey, porque el domicilio fiscal que había reportado en las Torres Moradas correspondía a la empresa Regus, dedicada a la renta de oficinas.
El SAT tomó como muestra para su auditoría la declaración por el ejercicio fiscal 2014, cuando PLC Servicios emitió facturas por 34 millones 515 mil pesos, la mayor parte a Met Limpieza SA de CV, ubicada en Tampico, y con la que había establecido una alianza para obtener contratos públicos para la limpieza de oficinas.
En esa revisión, el SAT encontró que PLC Servicios no había declarado activos, como son inventarios, terrenos, construcciones, maquinaria, equipo y mobiliario, “lo cual permite presumir que se encontró imposibilitado para realizar su actividad económica”.
En la misma declaración, la empresa reportó contar con 1,731 trabajadores, pero no manifestó retenciones del Impuesto Sobre la Renta por salarios ni servicios profesionales, lo cual, según el SAT, reforzó la consideración de que simuló operaciones.
El órgano fiscalizador pidió al IMSS de Nuevo León que informara el historial de altas y bajas de trabajadores, así como una relación de las cuotas pagadas, y la institución confirmó que era falso que la empresa tuviera en su nómina 1,731 trabajadores, como había afirmado en su declaración fiscal.
Fuente: Reforma
