Por Scott Horton/ Harpers Magazine
Un ciberactivista destacado se suicida a los 26 años. ¿Fue a causa de la persecución fiscal en su contra?
Los logros de Aaron Swartz fueron asombrosos para su corta vida. Antes de su muerte, el 11 de enero pasado, había ayudado a desarrollar el formato RSS, había hecho un aporte fundamental en la construcción de Reddit, y fue un líder en la lucha por la libertad de información y la protección de la ética de la propiedad intelectual en internet. Fue víctima de una extravagante vendetta fiscal, lanzada por las autoridades federales de EE.UU., como una actualización de Los Miserables de Víctor Hugo.
La familia de Swartz emitió una declaración haciendo responsable de su muerte a la fiscalía federal, dirigida por la fiscal de Boston Carmen Ortiz (sobre quien se dice que estaría preparando su candidatura para el Congreso de Massachussets) y los fiscales Stephen P. Heymann y Scott L. Garland, quienes presentaron cargos dudosos contra Swartz con agresividad. Mientras que Swartz trataba que esos cargos fueran reducidos a delitos menores, y ponía de manifiesto su intención de llegar a un acuerdo, los fiscales respondieron agregando más cargos infundados en su contra. Swartz expresó en varias oportunidades su desesperación ante esta campaña destinada convertirlo en un delincuente y a encarcelarlo. Su familia escribió:
“La muerte de Aaron no es simplemente una tragedia personal. Es el producto de un sistema de justicia plagado de tácticas intimidatorias y excesos. Las decisiones tomadas por las autoridades de la Fiscalía del estado de Massachussets y de la universidad MIT contribuyeron a la muerte de Swartz. La fiscalía impulsó un duro conjunto de cargos, que potencialmente conllevaban más de 30 años de prisión, para castigar un supuesto delito desprovisto de víctimas”.
Esta perspectiva coincide con la expresada por el profesor de leyes de la Universidad de Harvard, Lawrence Lessing, quien bajo el título “El fiscal como matón”, lanzó un incisivo ataque contra el Ministerio de Justicia:
“Es aquí cuando necesitamos un mejor sentido de justicia y vergüenza. La indecencia de esta historia no se refiere solo a Aaron. Abarca también lo absurdo de la conducta del fiscal. Desde el principio, el gobierno hizo todo lo posible para caracterizar lo que hizo Aaron de la manera más extrema y absurda. La “propiedad” que Aaron había “robado”, dijeron que valía “millones de dólares” -dando la pista, y luego sugiriendo que el objetivo de Aaron habría sido el de obtener ganancias con su delito. Pero hay que ser idiota o mentiroso para decir que se puede ganar dinero con una pila de artículos académicos. Fue claro que no hubo fines de lucro, sin embargo, nuestro gobierno continuó impulsando la idea, como si hubiera atrapado a terroristas del 11 de septiembre con las manos en la masa”.
Homenajes similares fueron presentados por Glenn Greenwald, The Guardian, quien llamó a Swartz un “héroe que nos inspira” y Chris Hayes, MSNBC. Swartz, habría aparentemente considerado el suicidio, y es difícil precisar qué incertidumbres y ansiedades lo condujeron al acto del 11 de enero. Por otro lado, es fácil comprender el punto de vista de las personas más cercanas a él, de que las tácticas brutales de la fiscalía fueron la causa de su muerte.
La persecución de Swartz surgió a partir de un proyecto para poner a disposición pública, sin costo pero con límites en la cantidad de descargas, una enorme colección de artículos académicos de la biblioteca digital JSTOR. Motivados por razones sorprendentes, un grupo de fiscales federales decidió que el proyecto de Swartz era un delito nefasto, y lo atacó públicamente con una serie de declaraciones deshonestas y absurdas que sin embargo tenían un gran peso por el hecho de haber sido emitidas por las autoridades del Ministerio de Justicia. Las motivaciones de Swartz eran extremadamente claras: no pretendía robar el producto del trabajo académico en beneficio propio, sino hacerlo accesible al público, y formular una protesta por el hecho de que la ley de propiedad intelectual estaba siendo manipulada para beneficiar no a los autores ni a los inventores, a quienes la ley se supone que protegería, sino a los intereses comerciales que se apoderan de esos derechos para su propio interés, que a menudo estaban en contradicción con una política académica sólida.
Si esa perspectiva era “radical”, como sostuvieron los fiscales, entonces Swartz estaba en buena compañía: tanto Benjamin Franklin como Emanuel Kant, dos progenitores de la ley de propiedad intelectual, expresaron precisamente las mismas posiciones. Más aún, la teoría de la fiscalía se asentaba en una visión de la ley que responde a los intereses de los depredadores corporativos por sobre el interés público, y que ya ha sido rechazada categóricamente por una corte federal de apelaciones. JSTOR, dio un paso adelante, reconociendo la injusticia de los cargos contra Swartz, retiró la demanda y criticó al Ministerio de Justicia por el procedimiento. El presidente de MIT hizo una declaración hace unos días sugiriendo que la decisión de MIT de apoyar al Ministerio de Justicia fue un error y anunció una revisión formal de la conducta de la universidad -esto fue desde hace tiempo un pedido presentado por profesores y estudiantes, quienes mayoritariamente apoyaban a Swartz.
No hay dudas de que las excentricidades de Swartz incluyeron errores -conectar su computadora portátil a un servidor de MIT para bajar materiales- por los cuales se le debería haber llamado la atención e incluso presentado cargos en su contra. Sin embargo, es difícil de entender de qué manera sus acciones podrían ser equiparadas ni siquiera a los actos abusivos de la fraternidad universitaria de George W. Bush durante sus años en Yale, ni mucho menos entender cómo fue convertido en un caso federal de un costo multimillonario impulsado por teorías legales que están claramente en contra del interés público. Un detallado análisis independiente de las acusaciones contra Swartz concluyó diciendo que el cargo más grave en su contra fue el haber traspasado propiedad privada, lo que amerita en el peor de los casos una multa y una citación por un delito menor.
Al considerar la triste pérdida de Aaron Swartz, debemos recordarlo tanto a él como a sus valiosas contribuciones, que enriquecieron la vida de millones de personas. También debemos evaluar detenidamente del hecho de que él fue otra víctima de persecución por parte del Ministerio de Justicia, que lo atacó con acusaciones infundadas y maliciosas, insinuaciones sin fundamentos que le causaron una enorme angustia mental. En el sistema legal estadounidense, los tribunales no brindan ninguna protección efectiva contra este tipo de abuso, y los fiscales tienen impunidad por falta de ética profesional, excepto ante sus superiores.
La muerte de Aaron Swartz debería ser una oportunidad para que el Ministerio de Justicia analice seriamente su accionar, como lo está haciendo MIT en este momento. Una comisión independiente para revisar la conducta de los fiscales, sin ninguna duda, concluiría en que los fiscales son culpables de una visión errónea de la ley. Si los fiscales tuvieran un mínimo de decencia, ofrecerían disculpas a los familiares de Swartz y presentarían su renuncia. Sin embargo, teniendo en cuenta la conducta demostrada por los fiscales hasta este momento, no se puede esperar decencia de su parte. Desde hace algunos días, circula una petición solicitando que el presidente Obama deponga a la fiscal Carmen Ortiz por su accionar en el caso Swartz.
Fuente: http://harpers.org/blog/2013/01/aaron-swartz-rip/ Traducción: Silvia Arana
