La Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de revisión del uso de la figura del testigo protegido, al detectar anomalías en las declaraciones de ex integrantes del crimen organizado, que incluso han sido invalidadas, por lo que ahora la dependencia califica a cada una de las personas que forman parte de este programa, y al finalizar el diagnóstico se determinarán los cambios que se deberán realizar.
Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, anunció el escrutinio que se efectúa al reconocer que es preocupante el uso que se ha dado a esta herramienta de investigación contra la delincuencia organizada, que en ocasiones sólo ha traído beneficios para los criminales colaboradores como la reducción de sus sentencias.
Las irregularidades sobre la utilización de los testigos protegidos por parte de la PGR en la administración anterior, tiene antecedentes graves, ya que jueces federales detectaron que varios de ellos falsearon declaraciones, que fueron aleccionados, que nunca les constaron los hechos, y que formaron parte de una trama de fabricación de expedientes.
Entre los casos en los que jueces federales detectaron estas irregularidades están el de Tomás Ángeles Dauahare y cuatro militares coacusados por nexos con el crimen organizado que al final fueron absueltos; así como en los expedientes de 13 servidores públicos ya libres detenidos durante la llamada “Operación Limpieza” y hasta en el llamado “michoacanazo”.
Al respecto, se preguntó a Murillo Karam sobre las medidas que se tomarán para evitar que este tipo de situaciones se presenten de nuevo, y anunció que “hay una revisión del uso que se ha dado a los testigos protegidos”.
Sobre la posibilidad de que algunos de ellos sean sacados del programa de protección, indicó que “estamos calificándolos y estamos determinando que vamos a hacer, y cómo vamos a usar la figura del testigo protegido”, expuso el funcionario.
El procurador explicó que “el testigo protegido tiene varios tipos, uno que es muy importante, que es el de quien fue testigo simplemente, una gente que no tienen ninguna implicación con ningún delito, es un simple testigo y que quiere la protección porque tiene miedo de que si declara pudiera ser afectado, esa figura es válida y la mantendremos”.
Reconoció que “la figura que nos preocupa y que tenemos que darle un adecuado tratamiento, es la figura de quien está involucrado en algún delito y actúa como testigo”.
Murillo Karam destacó que incluso en esta administración “si hay testimonios que nosotros mismos los hemos invalidado, en razón de que se utiliza la figura simplemente para disminuir la sentencia o la pena, pero por eso está en revisión”.
Fuente: El Universal
