Tras la detención del general Salvador Cienfuegos, el gobierno mexicano revisa su relación con la DEA y sólo espera a que concluyan las elecciones en Estados Unidos para replantear los términos de su cooperación bilateral en materia de drogas.
Por J. Jesús Esquivel/ Proceso
La detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles como parte de una operación de la DEA –nunca comunicada a la administración de López Obrador-–tiene ya consecuencias: el gobierno mexicano revisa su relación con esa agencia estadunidense y sólo espera a que concluyan las elecciones en ese país para replantear los términos de su cooperación bilateral en materia de drogas. “Cooperación habrá, pero tendrá que ser sobre otras bases”, adelanta a Proceso el canciller Marcelo Ebrard. De hecho, a partir de reportajes publicados por este semanario, Ebrard y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, solicitaron a Washington información sobre los “cárteles gringos”, cuyas operaciones también afectan a México.
WASHINGTON. Como consecuencia del arresto en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador revisa la utilidad de la cooperación con la DEA y plantea solicitar a Washington la extradición a México de capos estadunidenses.
“Sí, se está haciendo una revisión”, responde tajante a este semanario el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, a la pregunta sobre si por el secretismo que guardó la DEA en el caso de Cienfuegos se ponderaría la colaboración antidrogas con Estados Unidos.
“Cooperación habrá, pero tendrá que ser sobre otras bases. Todo deberá ser diferente. México esperará a que concluya el proceso electoral en Estados Unidos (del próximo martes 3 de noviembre) para proponerla”, agrega el encargado de las relaciones exteriores de México.
En virtud de las palabras de Ebrard, la aprehensión y proceso judicial en Estados Unidos de Cienfuegos marcará un antes y un después en la cooperación bilateral para combatir al trasiego internacional de drogas y el lavado de dinero. Ello incluiría el destino de los 54 agentes de la DEA que operan casi con absoluta libertad dentro del territorio mexicano.
Al ser interrogado sobre el impacto en la cooperación bilateral, Ebrard recurre a la respuesta oficial: “El gobierno de México ha dado a conocer su posición por conducto del presidente de la República”, dice.
La semana pasada, durante una de sus conferencias de prensa “mañaneras”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el gobierno estadunidense nunca le informó de la existencia de una investigación en torno al exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La carta de Ebrard y Durazo
La tensión entre el gobierno de México y la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) ya se asomaba desde marzo pasado. El 17 de ese mes, el canciller Ebrard y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, enviaron una carta a William Barr, procurador general de Justicia del gobierno de Trump, en el que le solicitan información sobre la existencia de cárteles estadunidenses que realizan sus operaciones de manera independente de las organizaciones mexicanas.
En su carta, Ebrard y Durazo citan un reportaje publicado por este semanario el pasado 9 de febrero (Proceso No. 2258) para fundamentar su solicitud de información:
“Hacemos referencia a la información que el pasado 9 de febrero del 2020 fue publicada en la revista mexicana Proceso, número 2258 bajo el título “Cárteles Domésticos, el nuevo problema de EU”, destaca el documento oficial mexicano.
Ebrard y Durazo subrayan a Barr que en entrevista con este semanario Polo Ruíz, quien era jefe interino de la oficina de la DEA en Arizona, acepta que, por la nueva modalidad del narcotráfico, en su país ya hay cárteles independientes de los mexicanos.
“En el artículo se citan al menos cuatro organizaciones delictivas involucradas en el tráfico de drogas, cuyo origen se identifica en Estados Unidos de América (Hells Angels, Los Bandidos, Gangsters Disciples y Calle 18), reconociendo a la vez, la existencia de nexos de estas organizaciones con grupos criminales mexicanos (Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación) para el trasiego de enervantes, en especial fentanilo.
“Esta relación conlleva a una cadena de actos ilícitos además de la producción, tráfico, venta y consumo de narcóticos, como lavado de dinero o blanqueo de capitales, tráfico de armas y de personas, entre otros. Además de los efectos nocivos para la salud de nuestras poblaciones y la pérdida de vidas humanas”, se lee en el documento.
Por todo ello, Ebrard y Durazo formulan un pedido concreto a Barr:
“El gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradecerá la información que en este sentido nos pueda usted hacer llegar por el conducto que así determine”.
La aceptación de la DEA sobre la existencia de cárteles domésticos en Estados Unidos implica ajustes en su política antidrogas; implica también un cambio en el discurso tradicional de Washington que pone a sus consumidores como víctimas de los narcos de México y de otros países de América Latina, los cuales, afirma, actúan en complicidad con policías, militares y políticos corruptos.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2295 de la revista Proceso, ya en circulación.
