Pese a los anuncios del gobierno federal, la situación en Michoacán sigue resumiéndose en una palabra: desastre. Enrique Peña Nieto prometió 45 mil millones de pesos para salvar la entidad, pero hizo trampa. De acuerdo con un experto en finanzas públicas, ese dinero ya estaba etiquetado. Acciones más efectivas –como condonar la deuda estatal, igual que hizo con Cuba– simplemente no fueron consideradas por el presidente. Mientras tanto, en el estado se registra una ejecución cada seis horas y los hoteles de Tierra Caliente se van secando con una ocupación que sólo llega a 3%.
Por José Gil Olmos/ Proceso
Morelia— Cada vez que va de gira regresa agotado. Por eso casi no sale de la casa de gobierno. Fausto Vallejo lleva dos años como gobernador, de los cuales seis meses estuvo ausente por enfermedad. El año y medio restante ha sido un desastre.
Esta entidad arrastra una deuda de más de 25 mil millones de pesos, su crecimiento económico apenas fue de 1% el año pasado, perdió mil 800 empleos en 2013 y es escenario de un grave conflicto armado en la región de Tierra Caliente.
Según el presidente del Colegio de Economistas de Michoacán, Heliodoro Gil, es falso que el presidente Enrique Peña Nieto haya destinado 45 mil 500 millones de pesos para rescatar el estado, pues casi todo ese monto ya estaba previsto en el presupuesto federal. Si acaso, explica, los recursos nuevos que recibirá la entidad arañan los mil 200 millones.
La inseguridad costó más de 8 mil millones de pesos sólo en Tierra Caliente y en sólo cuatro meses. Eso explica que justamente ahí, hace un año, se alzaran en armas grupos de autodefensa. Hoy esas guardias comunitarias están en 25 de 113 municipios.
La violencia no ha cedido a pesar de los 10 mil policías y soldados enviados por Enrique Peña Nieto. En los últimos 30 días –contados desde que Alfredo Castillo fue nombrado comisionado para la paz, el 15 de enero– se contaron 114 ejecuciones.
Hay una crisis más: la de gobernabilidad. El secretario de Gobierno, Jesús Reyna, es acusado por las autodefensas de proteger a Los Caballeros Templarios, igual que decenas de policías y funcionarios. Además, todo el aparato de procuración de justicia y los mandos de la policía estatal y municipal fueron desplazados por agentes del Estado de México traídos por el comisionado Castillo, quien posee un amplio margen de maniobra gracias a un decreto considerado anticonstitucional por el exgobernador Leonel Godoy (PRD).
Ante este panorama, versiones acerca de una eventual salida del priista Fausto Vallejo comenzaron a propalarse en vísperas de su segundo informe de gobierno, al que asistieron una decena de gobernadores y la plana mayor del PRI. Entre los que se mencionaban como probables sustitutos estaban el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Silva; el joven diputado local Fernando Orihuela; su padre, el senador Asunción Orihuela; la senadora Rocío Pineda Silva, y Wilfrido Lozano Medina, alcalde de Morelia.
Para atajar dichas versiones, con la escasa voz que le queda, Vallejo dijo al final de su informe: “Me quedo”, lo que desató una andanada de aplausos –los únicos en todo el acto– por parte de los asistentes al palacio de gobierno.
El líder del PAN en el estado, Miguel Ángel Chávez, señala en entrevista que los costos serían muy altos si se nombra a un gobernador sustituto, pues esto crearía mayor inestabilidad:
“De facto ya ha arrancado la carrera por la gubernatura. Muchos de los aspirantes del PRI y del PRD ya están en campaña aprovechando las lagunas electorales. Insisto, pensar en un gobernador sustituto sería más costoso, nos saldría más caro el caldo que las albóndigas. Me parece que en la medida en que la Federación conduzca no sólo la agenda de seguridad, sino también la de desarrollo integral, podemos estabilizar a Michoacán.”
Puntualiza que para elegir a un gobernador sustituto se necesita un acuerdo de al menos dos de las fuerzas más grandes en el Congreso local, y ni el PAN ni el PRI están por esa opción.
“Un gobernador sustituto no se decreta ni por el presidente de la República ni por el PRI, ni mucho menos por el comisionado Alfredo Castillo. Tiene que materializarse en el Poder Legislativo local, que está dividido. Por eso le apostamos más, en este momento, al fortalecimiento de la estrategia federal, a la construcción de una agenda de Estado que supere la coyuntura”, refiere.
Para la diputada local Selene Vázquez (PRD), la salida de Fausto Vallejo tendría que ser una decisión que el mismo gobernador tomara, en plena conciencia de que ha encabezado “un gobierno fracasado”.
La sombra del michoacanazo
La calurosa tarde del domingo 9, la ciudad de Apatzingán, en el corazón de la Tierra Caliente, vivió horas de incertidumbre. Primero por la detención de presuntos delincuentes, pero sobre todo porque cientos de integrantes de las autodefensas entraron a la ciudad, protegidos por siete helicópteros federales, militares y policías.
A bordo de camionetas en las que transportaban los rifles de asalto listos para responder a un eventual ataque, entraron en caravana a la ciudad –bastión de Los Caballeros Templarios– y recorrieron sus principales calles por media hora. Luego se retiraron a las instalaciones del tianguis limonero, donde permanecen desde entonces.
Cuando pasaron frente al palacio municipal, algunos de ellos gritaron “¡Vivan las autodefensas! ¡Mueran los templarios!”, como un mensaje al alcalde Uriel Chávez, que no estaba en su municipio y a quien el vicario de la catedral de Apatzingán, Gregorio López, señala como sobrino de Nazario Moreno El Chayo, fundador de La Familia Michoacana y de los templarios.
Uriel Chávez está incluido en una lista de 19 presidentes municipales que, según las guardias comunitarias, están vinculados con Los Caballeros Templarios. En esa relación –ya entregada al gobierno federal– también aparecenGuillermo Valencia, edil de Tepalcatepec, que se fue de su pueblo hace casi un año y acaba de pedir licencia; Adán Ceja Valencia, de Aguililla; Juan Hernández,de Aquila; Luis Hernández Torres, de Buenavista Tomatlán; Ana Lilia Manzo, de Cojumatlán de Regules; Casimiro Quezada, de Múgica, y Antonio Salas Valencia, del municipio de Los Reyes.
“No hay pretexto para no actuar en contra de funcionarios que presuntamente están vinculados con la delincuencia organizada. No se puede entender el fortalecimiento del crimen organizado sin la complicidad de las autoridades municipales y de algunas estatales”, sostiene el líder del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez.
Pero ya una vez se intentó detener de golpe a todos los narcopolíticos y fue un fracaso. La operación se conoció como el michoacanazo. Ocurrió en 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón ordenó aprehender a 27 personas –entre ellas 11 presidentes municipales– que luego fueron puestos en libertad. Esto ha fomentado la precaución del gobierno de Peña Nieto.
El panista Miguel Ángel Chávez arguye: “Lo que no se puede aceptar es que, bajo la justificación infundada de un presunto michoacanazo, la autoridad federal no quiera actuar contra quienes puedan resultar responsables. Todos los ciudadanos saben quiénes son las autoridades corruptas, menos la procuraduría del estado ni el gobierno federal. No podemos aceptar que se esté haciendo un cálculo político de no actuar porque hay funcionarios dominantemente priistas. Eso es inaceptable. Tiene que caer quien sea responsable, sea del PRI, del PAN o del PRD. En Davos (Suiza), la agenda de Michoacán desplazó el tema de las reformas estructurales. (Los gobernantes) se tardaron demasiado y estamos pagando los costos políticos de su inacción”.
Lo único realmente necesario, a juicio del panista, es que el gobierno de Vallejo no se convierta en un obstáculo y que el federal no administre la justicia con cálculo político. “Tienen que iniciar procedimientos, y de encontrar culpables, sancionarlos con todo el peso de la ley”.
Algo similar expresa el presidente del Colegio de Economistas de Michoacán, Heliodoro Gil. Delinea los ejes que el plan del presidente Peña Nieto debe seguir para ser exitoso: Recuperar el control territorial, restablecer las bases para el desarrollo integral, fortalecer las capacidades de gobierno y las instituciones, combatir la corrupción y atacar la infiltración del narco en las instituciones.
“Si no atacan esto el problema de Michoacán no podrá ser resuelto”, advierte el investigador.
Debilidades del megaplán
El domingo 9 los productores agropecuarios del tianguis limonero de Apatzingán fijaron el precio de sus frutas por primera vez en varios años. Antes lo decidían Los Caballeros Templarios, que cobraban un centavo por kilo vendido. Esa extorsión les dejaba 100 mil pesos diarios y dañaba a productores de ocho municipios, en los que hay 95 mil hectáreas de limonares.
Heliodoro Gil, quien fuera también director de la Facultad de Economía de la Universidad Nicolaíta, menciona que el campo se ha debilitado en los últimos 30 años: En 1980 aportó 23% al Producto Interno Bruto estatal y en 2012 sólo 10.9%. El daño económico por la inseguridad en Tierra Caliente en el último trimestre de 2013 y primer mes de 2014, explica, fue de 8 mil 27 millones de pesos, sin considerar las pérdidas por servicios educativos, financieros, bancarios, inmobiliarios, de profesionistas y la actividad metalúrgica de Lázaro Cárdenas, que estaba bajo el control del crimen organizado.
Los últimos dos años en Michoacán han sido desastrosos, resume Gil, quien ha tenido cargos públicos vinculados con las finanzas públicas estatales en los sexenios anteriores. “No hay generación de capital porque no hay tranquilidad, certidumbre ni certeza jurídica e institucional; tampoco incentivos de apoyos”. Otro problema grave es la deuda, especifica: ronda los 25 mil millones de pesos.
Pero en el estado no se percibe una solución a corto ni a mediano plazo. Peña Nieto informó que destinaría 45 mil 500 millones de pesos para solventar esos problemas, lo que, refiere el entrevistado, fue un anuncio tramposo, pues la mayor parte de ese dinero ya estaba presupuestada.
Gil sostiene por tanto que el plan no ofrece nada de extraordinario o sustantivo para recuperar Michoacán. Explica: del monto difundido hay que descontar los recursos del Ramo 33 (que ascienden a 22 mil 498 millones ya integrados en el presupuesto), así como los proyectos y programas de inversión por convenios, las transferencias por convenio para obras y proyectos (estimados en 5 mil 932 millones), y el presupuesto de las dependencias y ramos del gobierno federal para las secretarías, que son 15 mil 300 millones de pesos.
“De esta manera, si restamos a los 45 mil 500 millones de pesos anunciados los 43 mil 730 que ya están presupuestados, la inversión extraordinaria es de mil 770 millones de pesos. Esa es la primera aproximación que tenemos, pero seguimos analizando y mi impresión es que saldremos tablas. Todo lo anunciado ya está presupuestado”, apunta el economista.
Aclara que las obras y programas “anunciados” el martes 4 también estaban contemplados en el Presupuesto de Egresos 2014. Es el caso de la primera etapa de la carretera Jiquilpan-Sahuayo, la modernización del Libramiento Norte de Morelia hacia Quiroga, la ampliación a cuatro carriles de la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, la segunda terminal especializada en el puerto de Lázaro Cárdenas y la construcción de hospitales civiles, infantiles y regionales.
Incluso con este “reciclaje” de planes, el proyecto federal tiene carencias graves: “No hay recursos para rescatar el sector empresarial; los hoteleros y restauranteros en la zona de conflicto tienen una ocupación de 3% en los 17 hoteles que existen. No hay solidaridad del presidente Peña con Michoacán… Hace poco le condonó a Cuba 70% de los 500 millones de dólares que debía, ¿por qué no hizo lo mismo con Michoacán?”
Afirmó que para mover 1% la economía de la entidad se necesitan 8 mil millones de pesos, por lo que para alcanzar lo ideal –crecer cinco puntos– se requieren 40 mil millones de pesos frescos, no preetiquetados.
La estimación del economista para lograr la recuperación es de 20 años, si no se atraviesa otra crisis y el narco se frena ya. Sostiene que la única entrada real que equilibra la economía michoacana son las remesas provenientes de Estados Unidos. El año pasado sumaron 28 mil millones de pesos, es decir, 49% del presupuesto estatal.
Fuente: Proceso
