Por Maeve McClenaghan/ BIJ
A comienzos de 2012, el viceprimer ministro Nick Clegg afirmó que el Gobierno condena rotundamente la tortura y los tratamientos inhumanos» y que «nunca lo hemos apoyado ni hemos pedido a otros que la apliquen en nombre nuestro».
Son palabras que han resonado durante décadas, de una manera u otra. El Reino Unido ha firmado la Convención Internacional contra la Tortura y nuestros líderes políticos afirman a grandes voces el hecho de que no practicamos la tortura. El Reino Unido ha incluso entrado en guerra basándose en parte en la premisa del derrocamiento de regímenes torturadores.
Pero estas palabras comienzan a perder su sentido cuando se yuxtaponen a las imágenes de los prisioneros británicos en sus uniformes de color naranja que se arrodillan al sol inclemente de Cuba en la bahía de Guantánamo; a las historias de los soldados británicos que torturan víctimas civiles en las bases ocultas en Irak; o a la visión del ciudadano británico Binyam Mohammed bajando del avión de vuelta en suelo británico después de haber sido encerrado y torturado en Pakistán.
Aún así, el gobierno británico ha tratado de distanciarse de estas imágenes. Se nos dice que hay soldados indisciplinados que se portan mal. El RU no tenía modo de saber qué les ocurre a sus ciudadanos cuando se encuentran encerrados en cárceles lejos de nuestras costas. Y, por supuesto, nunca condonaría tal comportamiento.
Pero las grietas del sistema comienzan a hacerse visibles. Las palabras de Clegg se pronunciaron apenas después de una decisión de la Fiscalía de que los agentes del MI5 y el MI6 no podrían ser acusados de los malos tratos y la tortura del residente británico Binyam Mohamed durante su período en Pakistán. Tampoco podía demandárseles por la tortura de otro detenido que habían retenido en la base aérea de Bagram (Afganistán).
Y de este modo el público se queda preguntándose, ¿quién dice la verdad? ¿Podemos creer todavía en los desmentidos del gobierno?
La búsqueda de respuestas a estas preguntas ha dado forma a gran parte de la vida profesional de Ian Cobain. Como periodista de investigación, lleva años siguiendo casos de supuestas torturas e interpretaciones. Ahora ha reunido esta incalculable experiencia en el libro titulado Cruel Britannia: A Secret History of Torture. El resultado es un compendio de ejemplos que dan peso al argumento de que no solo practica el RU la tortura contra sus propios ciudadanos, sino que incluso cuenta con una política bien desarrollada, aunque informal y no escrita, sobre el modo y el momento en el que se usan tales métodos.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
El título del libro de Cobain promete una historia y eso es lo que hace. La historia se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando una de las calles más codiciadas en Kensington Palace Gardens se convirtió en la dirección de una base de internamiento británica, donde se retuvo e interrogó a diversos prisioneros de guerra. Al mismo tiempo que sus vecinos de clase alta continuaban con las labores de su vida cotidiana, los residentes de lo que llegó a conocerse como London Cage («la jaula londinense») sufrieron palizas, debieron realizar tareas inhumanas, sufrieron privación del sueño y se les forzó a mantenerse en posturas de gran incomodidad, todo ello como intento de extraerles información.
Algunos años más tarde, durante el gobierno colonial británico de Kenya, el ejército británico volvió a utilizar la tortura para aplastar la revuelta por la independencia de los Mau Mau. Apenas hace algunos meses, se les dijo a aquellas víctimas de la tortura, que ahora tienen 70 y 80 años, que podían demandar al gobierno británico por el tratamiento que recibieron, que afirman incluyó castraciones, palizas brutales y detenciones.
Las reglas del juego
Pero este es un campo lleno de matices, al igual que la línea entre las técnicas de interrogatorio aceptadas, el tratamiento cruel e inhumano y la tortura.
Cobain esboza con habilidad la experimentación y el desarrollo de las técnicas de interrogatorio o tortura aplicadas a lo largo de los años, centrándose en los tratamientos que se aplicaron en Irlanda del Norte durante la época de los problemas. Las cinco técnicas comprobadas que se usaron para «ablandar» a las personas que mantenían internadas eran: mantenerlos de pie al lado de la pared, colocación de capuchas, sometimiento al ruido, privación de sueño y privación de alimentos y bebidas. Los testimonios de las personas sometidas a ellos no dejan duda alguna sobre su devastador impacto.
Un repaso de los métodos en 1972 llevó al primer ministro Edward Heath a anunciar que «las técnicas […] no volverán a utilizarse en el futuro como auxiliares en los interrogatorios».
Sin embargo, el discurso político y la realidad volvieron a ser diferentes. Cobain explica que, «aunque se dijo que se habían prohibido las cinco técnicas empleadas por las fuerzas de espionaje y el ejército británico en Ballykelly, otras técnicas que podrían persuadir a hablar a un prisionero no lo habían sido». Estas otras técnicas incluían los electrochoques para impulsar la información de los sospechosos. Ocho meses después del anuncio de Heath de que se prohibían las cinco técnicas, más de veinte hombres afirmaron haber sido sometidos a descargas eléctricas.
Otros tratamientos utilizados con los prisioneros internados incluían «palizas, quemaduras, apretamiento de los testículos a mano, colocación de vendas en los ojos, inserción de instrumentos por el ano, rondas de disparos con balas de fogueo y juego de la ruleta rusa con ellos, además del simulaciones de ahogamiento en agua. El testimonio que se extrajo se utilizó para dictar condenas penales.
Externalización del problema
Más recientemente, el Reino Unido parece haber pasado a una pauta de externalización de sus interrogatorios: dejar a otros regímenes los métodos de tortura al mismo tiempo que se recibe cómodamente la información extraída con torturas evita que la sangre manche las manos británicas. También permite al gobierno negar que tiene conocimiento de la aplicación de técnicas inapropiadas de interrogación.
Salahuddin Amin, por ejemplo, era un hombre nacido en Gran Bretaña sospechoso de haber estado implicado en un plan para detonar una bomba de fertilizantes en 2004. Amin vivía en Pakistán en ese momento y, de acuerdo con Cobain, funcionarios de los gobiernos británico y estadounidense pidieron a la agencia de servicios de inteligencia paquistaníes, Inter-Services Intelligence (ISI), famosa por la brutalidad de sus métodos, que lo encontrara.
Después de que detuvieran y torturaran a varios de sus socios, Amin aceptó entregarse. Le azotaron, colgaron del techo por los brazos y amenazaron con un taladro eléctrico, al tiempo que no dejaban de hacerle preguntas. Más tarde le visitaban dos miembros del MI5, que se hacían llamar Matt y Richard, quienes repetían las preguntas, en ocasiones en la misma sala en la que acababa de ser torturado.
El MI5 no niega estos hechos. Mantiene que su responsable actuó correctamente y dentro de la ley, porque no podría esperarse que supieran que Amin estaba siendo torturado. Los responsables de ISI, por otra parte, indicaron a la organización Human Rights Watch que el Reino Unido y Estados Unidos «eran plenamente conscientes de que estábamos utilizando todos los medios posibles para extraer información de él y nos agradecían que lo hiciéramos».
Hay otros. En el caso de Alam Ghafoor, parece ser que los servicios secretos británicos no eran solo visitantes en la cárcel, sino que posiblemente estuvieran supervisando el proceso.
Ghafoor, de West Yorkshire, estaba en Dubai cuando las bombas 7/7 deshicieron Londres. Se le arrastró a un centro de interrogatorios donde se le golpeó, privó del sueño y forzó a adoptar posiciones incómodas. Las personas que lo detuvieron le dijeron que lo matarían y que darían sus restos de comer a los perros.
Más tarde le dejaron en libertad sin cargos y se le permitió abandonar el país. De vuelta en el Reino Unido, Ghafoor exigió que el Ministerio de Asuntos Exteriores entregara la correspondencia entre Londres y los diplomáticos británicos en los Emiratos Árabes Unidos. Los documentos se entregaron con algunos nombres cambiados, aunque quedaba claro que los responsables consulares británicos no necesitaban pedir a las autoridades de los Emiratos permiso para visitar a Ghafoor. Ghafoor cree que el nombre cambiado [sic en el original]es alguien que trabaja en el MI6 y que este organismo estaba al cargo de su encarcelamiento en Dubai.
Visto bueno
El elemento posiblemente más alarmante en el libro de Cobain es el hecho de que los principales ministros del gobierno no solo estaban al tanto de los interrogatorios de ciudadanos británicos en las prisiones extranjeras, sino que también habían dado su permiso para ellos.
Las normas para esto se establecen en la política secreta sobre interrogatorios del MI5 y el MI6, que se escribió en 2004 y se actualizó en 2006. El periódico Guardian la hizo pública en agosto del 2011. El documento coincide en algunos aspectos con las declaraciones públicas de los políticos.
Afirma: «Las agencias no participan, piden, fomentan ni condonan el uso de la tortura ni de tratamientos inhumanos o degradantes. Las agencias no llevarán a cabo ninguna acción cuyo resultado se sabe que será la tortura o un tratamiento degradante».
Pero esto no impide que las agencias trabajen con gobiernos que saben que usan la tortura, especialmente si se les asegura que no se usará. En ocasiones estas declaraciones no se piden y los responsables superiores pueden «sopesar el riesgo de maltrato y el riesgo de que las acciones del responsable pudieran juzgarse ilegales en relación con la necesidad de la acción propuesta».
La culpa no afecta solo a los servicios secretos sino que llega más alto. El documento también dicta que los responsables de inteligencia necesitan asegurarse de que los ministros, quienes tienen la responsabilidad final, den el visto bueno a su labor. La norma indica: «En casos especialmente difíciles, puede ser necesario que la directiva superior remita el asunto a instancias superiores y, en algunos casos, puede ser necesario consultar con los ministros».
Esto se hace para garantizar «que el riesgo de acciones ilegales es visible y se tiene en consideración de forma adecuada».
Según Cobain, a mediados de 2007 este sistema de remisión funcionaba con regularidad. Afirma que el MI6 consultó a David Miliband, entonces ministro de Exteriores, cuando quisieron realizar una operación en la que era posible que se torturara a alguien. Cobain sugiere que, si la solicitud llegó hasta el ministro, la tortura era, más que una vaga posibilidad, probable.
Los ministros del Interior Jacqui Smith y después Alan Johnson gestionaron peticiones similares del MI5. Cuando Cobain preguntó sobre sus funciones en la autorización de las operaciones: «Miliband y Smith presentaron declaraciones que indicaban que nunca apoyarían la tortura, pero se negaron a responder preguntas sobre el tema. Johnson se mantuvo en silencio».
Las marcas que te ha dejado
En apenas algo más de 300 páginas, Cobain reúne una maraña de casos que, en conjunto, producen una imagen acusadora de la interacción del Reino Unido con la tortura.
Entre tanto, siguen llegando más historias. Hoy mismo el Tribunal Superior escuchó los argumentos del gobierno que intenta levantar una moratoria sobre la entrega de los detenidos afganis a prisiones en las que existen pruebas claras de tortura.
El último capítulo de Cruel Britannia tiene como prefacio un epígrafe del ensayo de George Orwell England Your England. La cita reza: «Los puddings y las estafetas rojas han entrado en tu alma. Buenas o malas, son tuyas, les perteneces y a este lado de la tumba nunca podrás alejarte de las marcas que te ha dejado».
A medida que Cobain va sacando la verdad a la luz, no podemos por menos que sentir que las marcas de la tortura que se inflinge a tantas personas forma parte de todos nosotros. Unas manchas imborrables sobre el pasado y el presente británico.
Fuente: http://www.thebureauinvestigates.com/2012/11/02/torture-history-exposed/ Traducción: Mar Rodríguez
