A juicio, vicepresidente de Ecuador por Odebrecht

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Luego de revisar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía de Ecuador, la Corte Nacional de Justicia determinó que el vicepresidente Jorge Glas sea llevado a juicio por el presunto delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La resolución del juez Miguel Jurado convierte a Glas –en prisión preventiva desde el pasado 2 de octubre– en el político en activo de mayor rango en ser procesado por ese caso que afecta a 12 países de América Latina y África.

De acuerdo con la Fiscalía, el vicepresidente ecuatoriano recibió a través de un tío suyo, también detenido, un total de 13.5 millones de dólares por contratos adjudicados a Odebrecht.

De ser hallados culpables, Glas y otros 12 involucrados, entre ellos dos exdirectivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, quienes se encuentran prófugos, podrían recibir penas de tres a cinco años de cárcel.

La prisión preventiva y el proceso contra el vicepresidente tiene como fondo la fractura en el seno del movimiento oficialista Alianza País, en el poder desde 2007, entre los partidarios del presidente Lenin Moreno y los del exmandatario Rafael Correa, quien en varias ocasiones ha dicho que no existen pruebas contra Glas.

Correa también ha asegurado que Moreno, su vicepresidente entre 2007 y 2013, se alió con la oposición tradicional y se sirve de la lucha contra la corrupción para desprestigiar a su gobierno y para que a él también lo inhabiliten.

Además de ese proceso legal en el que está implicado, el vicepresidente es investigado por otros presuntos delitos como cohecho y enriquecimiento ilícito.

Debido a sospechas de corrupción, el presidente Lenin Moreno despojó a Glas de todas las funciones administrativas desde inicios de agosto y fue detenido el 2 de octubre.

Odebrecht reconoció que entregó 33.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos a cambio de la concesión de obras estatales, pero recientemente el procurador Diego García aseveró que los pagos ilegales habrían alcanzado 50 millones de dólares.

(Con información de EFE y AP)

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