Un juez decidió el martes decretar la prisión preventiva al ex presidente guatemalteco Otto Pérez Molina para que la fiscalía lo investigue por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera en un enorme escándalo de corrupción que le costó el cargo.
El caso ya tiene tras las rejas a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a otros altos funcionarios de su gobierno. Temprano en la audiencia, el juez Miguel Ángel Gálvez vinculó a Pérez Molina al proceso penal para permitir que la fiscalía lo investigue por los delitos señalados.
“El auto de prisión preventiva se dicta por la razón del peligro de la obstaculización de la verdad”, afirmó Gálvez al decretar la resolución que priva de la libertad a Pérez Molina. El juez argumentó que todavía hay personas prófugas y que, por la investidura que tenía, el ex mandatario tiene influencia en ellas y podría entorpecer la investigación de la fiscalía.
El abogado del ex presidente, César Calderón, pidió que el período de la detención preventiva fuera de un mes, pero el juez rechazó la solicitud y decretó los tres meses permitidos por la ley, algo que la fiscalía había solicitado previamente.
“Estoy totalmente en contra de lo que se ha dicho hoy aquí. Yo siempre dije que iba a seguir el proceso y esperamos y confiamos en las instituciones”, dijo tras la audiencia Pérez Molina, quien insiste en que no hay elementos sólidos para la acusación. “Pero hoy lamentablemente me siento frustrado”.
Gálvez programó para el 7 de diciembre la fecha en la que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) deben concluir la investigación y presentar la acusación formal contra Pérez Molina. También fijó para el 21 de diciembre la audiencia en la cual se decidirá si el ex mandatario debe enfrentar juicio por las acusaciones en su contra.
En una votación histórica, el Congreso retiró la inmunidad a Pérez Molina la semana pasada para permitir que fuese investigado como cualquier ciudadano, lo que provocó su posterior renuncia y la elección del vicepresidente Alejandro Maldonado como nuevo mandatario de la nación centroamericana.
En entrevista exclusiva con The Associated Press, Pérez Molina dijo que su celda es un cuarto pequeño con baño y que tiene una pequeña ventana con barrotes aproximadamente del tamaño de una computadora portátil. La celda está en el cuartel militar de Matamoros, en la capital del país, que es manejada por el sistema penitenciario civil.
Dijo que el lugar cuenta con una puerta de metal y que sólo los guardias la pueden abrir por fuera. Pero indicó que generalmente la celda está abierta y que él puede salir hasta un pequeño corredor al frente del cuarto. Dos guardias lo custodian.
Pérez Molina dijo también que padece de picaduras de mosquitos, que tuvo fiebre durante el fin de semana y que un médico le recetó antibióticos. No obstante, dice que ha tenido tiempo de leer, pero por el reducido espacio de la celda no ha podido ejercitarse.
Poco después de que le retiraran la inmunidad el martes de la semana pasada, aprobada por unanimidad por los 132 legisladores presentes en la cámara, un juez le prohibió salir del país.
La estructura que desató el escándalo, denominada “La Línea” por ser una especie de “alternativa” para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta.
La Fiscalía y la CICIG informaron que cuentan con 88.000 escuchas telefónicas entre las cuales habría una en la que puede oírse al presidente mientras habla con Carlos Muñoz, superintendente de Administración Tributaria, y le ordena cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria.
Por ley, esa agencia es un organismo autónomo en el cual el poder ejecutivo no tiene injerencia. Según la fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización delictiva desmantelada.
Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que solo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.
Al menos 100 personas están siendo investigadas por el caso de “La Línea”. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y está en prisión preventiva acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
Fuente: AP
