Los cuatro militares del 97° Batallón de Infantería implicados en la desaparición y asesinato de siete jornaleros en Calera fueron vinculados a proceso.
Se trata del coronel Martín Pérez Reséndiz, y de sus subordinados José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Aldrete y Juan Ordóñez Prado, quienes se encuentran recluidos en la prisión militar de La Mojonera, Jalisco, en la jurisdicción que incluye a esta entidad, donde también enfrentarán los cargos imputados por la Procuraduría de Justicia Militar.
En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que existen pruebas de su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada de personas, homicidio calificado y contra la administración de justicia.
Destacó que con fundamento en el artículo 19 de la Constitución, así como en el diverso 167, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, el delito de homicidio está contemplado como aquellos de prisión preventiva oficiosa.
“La autoridad jurisdiccional ordenó la misma en contra de los cuatro inculpados, por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la sentencia correspondiente, en el entendido de que no podrá exceder de un año, salvo que los inculpados requieran mayor tiempo para ejercer su derecho de adecuada defensa”, indicó el CJF.
Información proporcionada a Apro refiere que en primera instancia el coronel Pérez Reséndiz admitió su responsabilidad en la desaparición forzada de los supuestos jornaleros que fueron sacados por la fuerza de una vivienda en el municipio de Calera, al norte de esta capital zacatecana, el apsado martes 7.
Posteriormente sus cadáveres fueron localizados con un tiro en la nuca, en dos distintas fosas halladas en comunidades de Jerez. Entre las víctimas hay dos mujeres que trabajaban en un bar, además de cuatro menores de edad, entre ellos un adolescente de 15 años de edad.
En un principio el operativo fue justificado como un cateo ante la existencia de drogas y armas en el interior del domicilio. Sin embargo, fuentes militares confirmaron que en la vivienda de la calle Francisco I. Madero 106 de Calera no había ninguna de las dos cosas.
Además, se pudo conocer que en contra del coronel Reséndiz existen por lo menos otras dos quejas por violaciones a derechos humanos, presentadas ante los organismos defensores antes de la desaparición forzada en Calera.
El mando militar y sus tres subordinados (además de otros tres subalternos que también son investigados por estos hechos) serían procesados ante un juzgado civil federal, según informó el Poder Judicial Federal.
El pasado lunes 20, un día después de que los militares fueron detenidos en Fresnillo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) difundió un comunicado en el que se comprometió a “cooperar con las instancias correspondientes, a fin de que se esclarezcan los hechos” ocurridos en Calera.
La dependencia reiteró su compromiso con la sociedad mexicana, “enfatizándole que de ninguna manera tolerará actos contrarios a las leyes, siendo la primera interesada en que cuando existan indicios de que alguno de sus elementos no se conduzca conforme a derecho, sus actos se investiguen y en su caso se sancionen con estricto apego a la ley, sin importar jerarquía, cargo o comisión”.
En otro boletín explicó que la investigación responde a “las denuncias de familiares” y a la “aparición de mantas” con mensajes en las calles en el municipio de Calera, “en las que se señala o vincula a personal militar en la desaparición de siete personas el pasado 7 de julio de 2015″.
De acuerdo con familiares, la madrugada de ese día las víctimas –cinco hombres y dos mujeres– fueron sacadas de manera violenta del domicilio ubicado en el número 106 de la calle Francisco I. Madero, durante un supuesto operativo para buscar armas y drogas, bajo las órdenes de un coronel identificado con el nombre de Martín Pérez Reséndiz.
En la denuncia que interpusieron ante diversas instancias, incluidas las procuradurías general de la República (PGR) y general de Justicia del Estado (PGJE), detallaron que los soldados viajaban en varias unidades motoras, una de las cuales fue identificada con el número 0897, justo en la que iba Pérez Reséndiz.
En una protesta que realizaron en Calera, familiares de las víctimas colgaron dos mantas en puentes peatonales, en las que expusieron los hechos y reprodujeron las fotografías de los desaparecidos: Jorge David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes, Víctor Hugo González Cisneros, Beatriz Fernández Hernández, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Germán Martín García González (exmilitar de 26 años) y Guillermo García Murrieta.
“Calera está de luto. A todas las autoridades, población y de derechos humanos”, escribieron en la manta, en la que se consignó lo siguiente: “A todas las autoridades del estado de Zacatecas, especialmente al gobernador Miguel Alonso, fiscal, pero sobre todo y especialmente al gral. Salvador Cienfuegos Cepeda y general Antelmo Rojas Yáñez de la 11ª Zona Militar, les pedimos nos ayuden a resolver nuestros casos. Sólo queremos una explicación, nos digan dónde están nuestros familiares o de menos los cuerpos, ya que el martes 7 de julio del 2015 irrumpieron 4 unidades del Ejército Mexicano con el número 0897 alrededor de las 5:30 a.m., donde entraron a varios domicilios y se llevaron a varios de nuestros familiares, entre hombres y mujeres y un menor. Dicho batallón en Fresnillo, Zacatecas, (iba) al mando del coronel Martín Pérez Reséndiz, a quien hacemos responsable mientras no tengamos noticias de nuestros familiares.
“Exigimos apoyo, y no económico, sino esclarecer el caso de nuestros familiares, que fueron secuestrados por el Ejército Mexicano. Autoridades, ayúdennos a dar con ellos, para que usted, Mayor Roberto Muñoz Mejía, de Justicia Militar, nos brinde su apoyo, ya que Justicia Militar tiene sus reglamentos y artículos a los que deben apegarse. Están para proteger y no para secuestrar y desaparecer gente. Aquí tienen las fotos de los desaparecidos por los militares”, concluía el mensaje de las mantas, que minutos después fueron bajadas por soldados.
En tanto, a las puertas de la casa de la calle Francisco I. Madero, de donde fueron sacados los jóvenes, varios de los familiares colgaron otra manta y reiteraron ante medios de comunicación su exigencia de saber dónde están.
Fuente: Proceso
