La obtención de pruebas en el proceso judicial contra el coronel Martín Pérez Reséndiz y sus tres elementos de ordenanza por la desaparición forzada y el homicidio de siete jóvenes en Calera, el pasado 7 de julio, ha obligado a ampliar en tres meses la investigación complementaria.
El 28 de octubre se celebró audiencia en el Centro de Justicia Federal, ubicado en Ciudad Gobierno, el enorme complejo administrativo estatal y federal construido en el sexenio de la gobernadora Amalia García en la ciudad de Zacatecas.
La audiencia fue presidida por el juez Juan Ramón Barreto López y estuvieron presentes los cuatro militares indiciados: el coronel Martín Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Alderete y Juan Ordóñez Prado, así como los cinco abogados particulares que los defienden.
También asistieron –en una sala para testigos protegidos, a fin de no mostrar sus rostros– algunos familiares de las víctimas.
Germán Martín García González, Fernando José Rodríguez Rodríguez, Guillermo García Murrieta, Víctor Hugo González Cisneros, David Venegas Leaños, María Alejandra Rocha Montes y Beatriz Fernández Hernández, fueron sacados de una vivienda en Calera por efectivos del 97 Batallón de infantería con sede en Fresnillo, al mando de Pérez Reséndiz, quienes posteriormente los torturaron y asesinaron (Proceso 2021).
Sus esposas, padres y hermanos se enteraron del operativo del Ejército en la casa de la calle Francisco I. Madero 106, de Calera, y comenzaron a buscarlos. Desde el principio supieron que el jefe del batallón iba al frente. Tocaron a las puertas de la base militar, visitaron hospitales, el Servicio Médico Forense y las oficinas de la procuraduría estatal, la delegación de la PGR y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El 15 de julio se plantaron con pancartas afuera del domicilio allanado, donde colgaron una manta y denunciaron ante los medios al coronel y su tropa. Luego viajaron a la ciudad de Zacatecas y entraron al Congreso, donde se entrevistaron con diputados locales y algunos activistas de derechos humanos.
Sólo después de eso personal de PGR acudió a la casa, recabó declaraciones y realizó peritajes. Había ropa y objetos desperdigados, se llevaron televisores y el estéreo.
Dos días después, la procuradora zacatecana Leticia Soto Acosta anunció el hallazgo de cuatro de los desaparecidos en una casa cerca de la presa El Tesorero, en una brecha por la carretera Jerez-Fresnillo. Horas más tarde se localizó a los tres restantes. Todos tenían un disparo en la cabeza, signos de tortura y evidencia de haber muerto varios días atrás.
Las autopsias e informes forenses certificaron que las siete personas fueron asesinadas horas después de que los militares las sacaran de la casa mencionada.
En filtraciones a portales digitales y medios locales, tres de las siete víctimas (entre ellos Germán Martín García, un exmilitar que estuvo a las órdenes de Reséndiz) fueron señaladas como integrantes de grupos delictivos contrarios.
Para ese momento, el Ejército ya realizaba su propia investigación. Según fuentes militares, en medio del descrédito por casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, se enojó por los excesos del coronel Reséndiz y la ostentación que éste hacía de su amistad, así que decidió ponerlo como ejemplo de que el Ejército “no toleraría violaciones a la ley ni a los derechos humanos”.
En un comunicado, la Sedena confirmó la detención de los cuatro militares y anunció que serían entregados a las autoridades civiles para ser procesados penalmente.
El 31 de julio, los cuatro militares fueron vinculados a proceso en el Juzgado Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, al concluir el juez que se presentaron elementos para señalarlos probables responsables de delitos contra la administración de la justicia, desaparición forzada y homicidio calificado.
Una vez vinculados a proceso el 31 de julio, el juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que venció el 30 de octubre.
Así empezó el juicio 43/2015, del cual formó parte la audiencia del mediodía del 28 de octubre, cuyo único propósito era registrar el cambio de asesores jurídicos de los familiares de las víctimas.
Por primera vez desde mediados de julio, cuando se hizo pública la desaparición de las siete personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo su aparición, enviando a un grupo de abogados desde la delegación de Guadalajara, para fungir como asesores jurídicos.
Minutos antes de la audiencia personal de la CEAV obtuvo la autorización de los familiares para representarlos, y después solicitó al juez Barreto copias de los audios, videos e informes escritos de las audiencias previas, para enterarse de los pormenores del caso.
Antes de que acabara la audiencia, la Fiscalía de la PGR pidió al juez que ampliara el plazo de la investigación complementaria por tres meses, es decir, hasta el 30 de enero de 2016, pues tiene pendientes muchas diligencias para recabar pruebas. La defensa de los militares se opuso, pero el juez Barreto aprobó la solicitud de la fiscalía.
Mientras tanto, varios integrantes del 97 Batallón de Infantería fueron reasignados a otras instalaciones. Días después de la detención del coronel Pérez Reséndiz, fue nombrado como nuevo comandante Alfredo Alvarado Rojas, coronel de infantería diplomado del Estado Mayor y miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército.
Expediente Zacatecas, a la CIDH
Ricardo Bermeo, integrante de la organización Zacatecanos por la Paz, dice a Proceso que el expediente de este caso debió presentarse ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en las audiencias efectuadas hace semanas en varias ciudades del país.
Bermeo acudió a la del 29 de septiembre, que se llevó a cabo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y llevó un caso similar ocurrido en 2012, en Estancia de Ánimas, comunidad del municipio de Villa González Ortega. Lo acompañaron dos familiares de cinco desaparecidos, a quienes se presume víctimas de elementos de la Policía Federal (PF).
El activista explica que su organización no tuvo acceso al expediente del caso de Calera –que equipara por su gravedad con los de Tlatlaya y Ayotzinapa–, y “aunque insistimos con familiares no obtuvimos respuesta. Su aprobación y participación es fundamental para que nosotros podamos entrar al proceso y acompañarlos”.
En la audiencia de Monterrey, Bermeo y los familiares de los desaparecidos narraron ante la comisionada Tracy Robinson que, la tarde del 7 de agosto del 2012, siete jornaleros fueron sacados violentamente por policías federales del rancho Los Pirules, en Estancia de Ánimas, donde trabajaban.
La corporación buscaba a integrantes de la delincuencia organizada con un helicóptero y 10 camionetas.
Dos de los detenidos fueron hallados después, cerca del municipio de Pinos. Según el expediente, sus captores recibieron una llamada con la orden de soltarlos “porque no les servían para nada y al cabo les daban 30 mil por cada persona que agarraran, delincuente o no”.
Decenas de pobladores de la zona vieron pasar el convoy de federales hacia San Luis Potosí, pero no se ha vuelto a saber de los otros cinco jornaleros: los hermanos Juan Carlos, Amado y Nectalí Delgado Rodríguez, así como Ismael Rodríguez Muñoz y José Castillo Aguayo.
Sus familiares los buscaron en la delegación de la PGR. En los hoteles donde se hospedaban los federales asignados a Zacatecas, les dijeron que fueran a la entonces SIEDO (ahora SEIDO) en la Ciudad de México. Hasta el 29 de agosto se admitió su denuncia en la procuraduría estatal.
La averiguación rebotó entre esta dependencia y la PGR en distintos momentos. Finalmente quedó en manos de la estatal, pero desde mediados de 2013 no hay avances.
Cuando Zacatecanos por la Paz preparaba un informe sobre tortura, ejecuciones y desapariciones para la CIDH, pidió reunirse con la procuradora Leticia Soto. Como la funcionaria no respondía y urgía asistir a la audiencia con la CIDH, el 29 de septiembre, los activistas no presentaron dichos informes, que siguen elaborando.
Pero ahora, dice Bermeo, “ya tuvimos la reunión con la procuradora y le expusimos nuestro interés. Su respuesta fue positiva. Esperamos tener los datos. Es importante, ahora que ya el caso de Estancia de Ánimas fue presentado ante la CIDH y no lo vamos a soltar”.
Fuente: Proceso
