Los pobladores de Arequipa, en Perú, se oponen al proyecto minero que Grupo México quiere llevar a cabo en Tía María porque afirman que la futura mina de cobre contaminará con polvo ácido sus campos de cultivo y el agua del Río Tambo.
La resistencia a este proyecto que pretende llevar a cabo la empresa propiedad del mexicano German Larrea ha terminado en enfrentamientos entre civiles y elementos de seguridad de ese país, quienes incluso han disparado armas de fuego para disipar las protestas, como ha quedado evidenciado en un video que circula en las redes sociales.
En la grabación, realizada en un choque entre manifestantes y policías en Islay, se ve cómo un policía dispara un arma de fuego contra una multitud que le arroja piedras. El uniformado acciona su arma al menos en siete ocasiones. Se desconoce si por estos hechos hubo heridos.
El Ministro del Interior de Perú, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó esta semana que los agentes de la Policía Nacional están autorizados a usar armas de fuego “de manera racional” si son atacados durante manifestaciones violentas.
“En cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, la Policía por supuesto que puede y debe usar sus armas”, declaró el Ministro. Dijo que se identificó al agente que realizó estos disparos y aseguró que éste disparó su arma hacia una zona baldía colindante, con la intención de rescatar a un suboficial que era golpeado por los manifestantes.
Sobre el rechazo a su proyecto, Grupo México informó que desconoce “los intereses del grupo de activistas que se oponen al desarrollo económico y social de la región de Arequipa”.
“Esta minoría ha logrado dilatar este importante proyecto a través de bloqueos ilegales y manifestaciones violentas. No obstante, la Empresa reitera su total respeto a la legislación e instituciones peruanas, estando siempre a disposición de las mismas para construir conjuntamente la paz social y desarrollo económico”, dijo la empresa de Larrea
La minera Southern Copper, filial del Grupo México, anunció el viernes pasado una “pausa” de 60 días en la ejecución del proyecto Tía María. Antes del anuncio el Presidente de Perú, Ollanta Humala, pidió a la firma ejecutar acciones para generar entendimiento con la población de la provincia de Islay, en huelga desde hace 55 días.
A pesar de ello, organizaciones sociales y civiles de siete regiones del sur de Perú han convocado a un paro de 48 horas para el 27 y 28 de mayo próximo para exigir la anulación total del proyecto minero. Hasta la semana pasada y durante los más de 50 días de protestas en Islay, murieron tres personas, entre ellas un policía, y más de 200 resultaron heridas.
Southern contempla la inversión de unos 1 mil 400 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
GRUPO MÉXICO SORTEA ACUSACIONES
No ha sido un gran mes para Grupo México y sus filiales en el mundo. La empresa del mexicano Germán Larrea Mota Velasco se ha visto involucrada en problemas con los gobiernos extranjeros por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias, extorsión, irregularidades en sus permisos, entre otras. A tal grado que en Perú y España al magnate se le ha exigido asumir responsabilidades y rendir cuentas ante la autoridad. Sin embargo, la firma lo ha negado todo.
En Sudamérica la empresa detalló que el problema fue entre terceros, respeto a su concesión en España Grupo México informó a sus clientes, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que no había sido notificada de ninguna cancelación, y que todo estaba en regla.
Tanto en España como en Perú, la presión pública, proveniente en mayoría por pobladores y ecologistas, ha generado que los gobiernos de ambas naciones tomen cartas en el asunto, el Presidente peruano Ollanta Humala obligó a la suspensión del proyecto minero Tía María; mientras que las autoridades en España no han declarado oficialmente el estatus de la minera.
En México la minera de Larrea sigue operando de forma regular, a pesar que es responsable por el derrame 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos de Sonora, y es acusada por la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, y responsable de otros incidentes.
PERÚ, EL PUEBLO SE LEVANTA
En la comunidad de Islay, perteneciente al departamento peruano de Arequipa, cientos de pobladores se han opuesto al proyecto Tía de la minera Southern Copper, filial de Grupo México. A principios de la semana pasada, luego de no llegar a un acuerdo, los manifestantes realizaron una huelga general que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos tres personas, se han registrado cientos de heridos y decenas de arrestos durante bloqueos a vías de comunicación y enfrentamientos con policías.
En un primer momento el Presidente Peruano Ollanta Moisés Humala Tasso, por medio de la Ministra peruana de Energía y Minas, Rosa María Ortiz Ríos, exigió a Germán Larrea acudir a Lima para explicar las denuncias por extorsión a líderes opositores al proyecto Tía María, luego que se diera a conocer un presunto acto de extorsión para terminar con el conflicto con los ciudadanos de la región.
“Se han suspendido las conversaciones con la empresa Southern a raíz de los audios que fueron propagados la semana pasada. Esos audios podrían indicar un nivel de comisión de delito por parte de la empresa. En esa línea, lo que he pedido básicamente es que el dueño de la empresa, el señor Larrea, venga a Lima a aclarar este tema. Estoy a la espera de esa confirmación”, declaró la Ministra.
El viernes pasado, luego de acusaciones por parte de políticos y líderes de opinión, Humala descartó que su gobierno vaya a suspender el proyecto minero Tía María.
“Demando a la empresa a cargo del proyecto minero Tía María a que manifieste su voluntad y ejecute acciones concretas para generar las bases del entendimiento”, afirmó el Presidente peruana en un pronunciamiento transmitido por la televisión nacional.
El gobernante añadió que el Ejecutivo no puede ordenar la suspensión del proyecto minero porque este aún no está en marcha y, además, su país se arriesgaría a demandas internacionales.
“Hoy día muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del Ejecutivo, aún sabiendo que no se puede suspender lo que no se ha iniciado y que el Estado no puede adoptar una decisión unilateral [que]lo expondría a demandas legales internacionales”, expuso.
Luego de las declaraciones de Humala la empresa Southern Copper anunció dos meses de tregua para generar entendimiento con la población de la provincia de Islay, en huelga desde hace casi 60 días.
El presidente de Southern en Perú, Óscar González Rocha, anunció, en un comunicado, una “pausa” de dos meses en el proyecto con el objetivo, según dijo, de permitir “a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable”.
“Hemos escuchado al Gobierno Nacional a través del presidente de la República y en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”, indicó González.
En días pasados el canal peruano Willax TV difundió un audio en donde el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, presuntamente encarga a un abogado pedir a la minera una compensación económica a cambio de abandonar la protesta en la que se han registrado incidentes que han dejado tres muertos.
Tras el escándalo la Ministra Ortiz detalló que el Gobierno peruano podría iniciar acciones legales contra Southern si se encuentran indicios de encubrimiento y dijo que se ha encargado al Ministerio de Justicia que investigue el caso.
“Lo que en principio se está evaluando es la posibilidad de un encubrimiento, por parte de la empresa, de este hecho delictivo que sería la extorsión, el dirigente que por un lado extorsiona a la empresa y, por el otro, la empresa que no denuncia ante la autoridad”, enfatizó.
En tanto, las autoridades peruanas detuvieron el viernes 15 de mayo al dirigente civil Pepe Julio Gutiérrez, el principal líder de las protestas contra el proyecto minero y quien ha sido acusado de haber pedido dinero a la minera para levantar la protesta; no se informó del arresto de algún funcionario de Southern Copper.
Southern Copper es controlada por Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico de México, según Forbes, Germán Larrea Velasco. La empresa es responsable por el derrame 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.
A Grupo México también se le ha señalado por la muerte de 65 mineros en la mina de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006. Es además causante de la muerte de cinco trabajadores mineros en la mina de Charcas, ubicada en San Luis Potosí y de la muerte de dos mineros de la empresa minera Alva Ram de Agujita SA de CV.
Fuente: EFE/ Sin Embargo
