Periodistas de distintos municipios del estado de Chihuahua exigieron justicia por el asesinato de su compañera Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017, afuera de su domicilio, mientras esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela.
Por Patricia Mayorga/ Apro
Breach Velducea daba cobertura amplia a la Sierra Tarahumara, así como a hechos de corrupción estatal y municipales, y era un referente periodístico en el estado y en su gremio.
En dos años las autoridades estatales y federales se han disputado el caso, pero sin abrir la línea de investigación sobre narco-política que la víctima denunció de manera frontal y que le costó amenazas directas del grupo delictivo del que forman parte los únicos tres señalados en el crimen, entre ellos Juan Carlos Moreno Ochoa, “El Larry”, único detenido.
Jaciel Wilberth Vega Villa, con una orden de aprehensión, presuntamente fue el chofer del carro Malibú gris que trasladó a los asesinos a la casa de la periodista aquella mañana de marzo, y Ramón Andrés Zavala Corral habría disparado contra Miroslava Breach en ocho ocasiones.
El gobernador Javier Corral Jurado aseguró este viernes a medios de comunicación locales que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) no ha movido “un milímetro” desde que atrajo el caso, en abril del año pasado.
Por su parte, el titular de la Feadle, Javier Sánchez Pérez del Pozo, dijo a Apro –después de la audiencia intermedia efectuada el 3 de diciembre pasado– que no habían logrado establecer la línea política como móvil del asesinato, pero aseveró que el caso no está cerrado y existe la posibilidad de abrirla.
A dos años de que criminales coludidos con políticos corruptos cegaron la vida de Miroslava Breach Velducea, el gremio la recordó por su legado de periodismo honorable, valiente y riguroso, comprometido con las mejores causas de Chihuahua.
Los periodistas demandaron que no se encubra a los políticos involucrados en el caso, para que sean investigados a fondo, y pidieron un cese a la narcopolítica que ha quitado las garantías de seguridad no sólo al gremio, sino a la población completa en la entidad.
En un pronunciamiento, subrayaron:
“Demandamos de las autoridades federales la captura de todos los involucrados en el crimen y en especial de los autores intelectuales. Exigimos al gobierno en todos sus niveles una postura firme frente a los grupos criminales que operan en el estado y que por décadas han causado la descomposición social de Chihuahua.
“Los homicidios de periodistas, policías, empresarios y defensores de derechos humanos, además del desplazamiento de comunidades indígenas, las violaciones a derechos humanos y el terror de las familias, son consecuencia directa de esa crisis.
“Nos pronunciamos abiertamente en favor de la libertad de expresión, de las mejores prácticas del periodismo con rigor y la ética, y rechazamos cualquier forma de intimidación, manipulación o agresión hacia la labor que desempeñamos.
“Manifestamos públicamente que en las condiciones actuales que vive el estado no hay garantías para nuestra seguridad, debido principalmente al contubernio o complacencia del gobierno con la delincuencia.
“Desde la sencillez de nuestras trincheras, hablamos hoy como periodistas, con independencia de las empresas que nos contratan, y también a ellas les decimos que nuestra postura es firme en cuanto a que no aceptamos ninguna línea editorial que le apueste al silencio.
“¡Refrendamos aquí y ahora nuestro compromiso con la verdad, el bien común y el honor, y le decimos a todos los que nos leen, nos ven y nos escuchan, que no nos callaremos, porque el silencio es complicidad!”.
Este viernes Corral sólo se concretó a decir que la Feadle no ha movido ese “milímetro” al que en reiteradas ocasiones se ha referido desde que las autoridades federales se llevaron el caso.
Además, el mandatario estatal ha cambiado la versión de las líneas de investigación en varias ocasiones. El día del homicidio aseguró que quedaba claro que Miroslava Breach hizo señalamientos contundentes contra candidatos narcos postulados para cargos públicos, y en los últimos meses ha asegurado que la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó casi concluido el caso a la Feadle y que sólo les faltó cumplir con la orden de aprehensión otorgada por un juez contra Jaciel Vega Villa.
Corral dijo que confía en que el gobierno federal les tome la palabra como autoridades estatales, para concluir la investigación y detener al otro responsable del homicidio.
La apertura de juicio oral del caso está programada para el próximo 4 de noviembre, y entre los testigos de la defensa de “El Larry” está el exalcalde de Chínipas, Ramón Quinto Agramón Varela, quien en su momento suplió en la candidatura por la alcaldía a Juan Salazar Ochoa, sobrino de los líderes del grupo delictivo Los Salazares, del Cártel de Sinaloa.
Salazar Ochoa era el candidato del PRI en Chínipas, municipio localizado en la Sierra Tarahumara, frontera con el estado de Sonora, pero tras evidenciarse en reportajes periodísticos su procedencia delictiva, fue sustituido por aquel.
El exalcalde priista (2016-2018) será presentado ahora como testigo para defender a Juan Carlos Moreno Ochoa y deslindarlo como asesino de Miroslava Breach.
Otros políticos involucrados, aunque no se les ha investigado porque el gobierno estatal consideró que no hay elementos para hacerlo, son los panistas Alfredo Piñera Guevara, exvocero de Acción Nacional (PAN) en el estado y actual asesor de la bancada albiazul en el Congreso local; Hugo Amed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chínipas, y José Luévano, exsecretario general del PAN estatal, exsecretario particular de Javier Corral y actual funcionario de la Secretaría de Educación y Deporte en el gobierno.
Alfredo Piñera confesó ante el Ministerio Público que él grabó a dos periodistas, entre ellos Miroslava Breach, para solicitarles la fuente del reportaje donde se hacía referencia a los precandidatos narcos, para deslindar al exalcalde Hugo Schultz, acusado por Los Salazares de filtrar información.
Dijo que la orden la recibió de quien en ese momento era secretario general del PAN, José Luévano.
Shultz, por su parte, declaró que solicitó el apoyo de su partido para preguntar a las periodistas quién les dio la información para deslindarlo.
Esas llamadas se efectuaron en junio de 2016. Y Miroslava Breach fue asesinada el 23 de marzo del año siguiente.
Fuente: Apro
