A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto ya dio por terminado lo que describe como su “ciclo reformador” —luego de que este mes entrara en vigor su principal propuesta: la reforma energética—, otras ocho reformas que prometió concretar siguen pendientes en el Congreso mexicano.
“Concluido este proceso, comienza una nueva etapa en la ruta de la transformación: pasamos de las reformas en la ley a las reformas en acción”, escribió el mandatario en un texto publicado el 12 de agosto en la página web de la Presidencia de la República.
No obstante, sus reformas pendientes incluyen desde algunas medidas que anunció antes de asumir el poder el 1 de diciembre de 2012, como la creación de una comisión nacional anticorrupción, hasta otras que presentó como claves para enfrentar el problema de la inseguridad, como el establecimiento de un código penal único.
Para Edna Jaime, directora de la organización civil México Evalúa, estas propuestas son tan relevantes que deben recibir la misma atención que el gobierno de Peña Nieto dedicó a sacar adelante sus reformas económicas: energética, financiera, fiscal y en telecomunicaciones.
“Hay muchos retos en este país que requerirían ser abordados con la misma determinación con la que se abordó la agenda económica. Y estaremos por ver si entran en las prioridades de esta administración o no”, dijo Jaime en entrevista.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM), coincidió con ese punto de vista, al señalar que el gobierno de Peña Nieto no debe dar por concluido su ciclo de reformas.
“Entiendo que simbólicamente la reforma energética y el peso económico de la de telecom requerían enorme concentración del Congreso y del Ejecutivo. Ahora, creo que lo que no habría que hacer es pensar que ahí termina el ciclo reformador de un país”, dijo Bohórquez en entrevista por separado.
A dos semanas de que Peña Nieto presente el informe sobre su segundo año de gestión, te presentamos cuáles son y en qué estatus se encuentran sus ocho pendientes legislativos.
1. Comisión anticorrupción
El 14 de noviembre de 2012, dos semanas antes de asumir la presidencia el 1 de diciembre, Peña Nieto entregó a las bancadas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) sus primeras dos iniciativas: una para que la Secretaría de Gobernación (Segob) absorbiera a la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y otra para que una nueva comisión nacional anticorrupción tomara las tareas de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La primera propuesta se aprobó en ambas cámaras del Congreso el mismo mes de diciembre, mientras la segunda desde entonces ha generado divisiones entre los principales partidos.
En diciembre de 2013, tras un año de negociaciones, la creación de la comisión quedó aprobada en el Senado. Sin embargo, desde entonces se encuentra detenida en comisiones de la Cámara de Diputados.
Una vez que esta propuesta reciba el aval definitivo del Congreso y entre en vigor, la comisión nacerá como un órgano autónomo con facultades para investigar y sancionar administrativamente actos de corrupción en todos los niveles de gobierno. Además, tendrá la obligación de coordinarse con la nueva fiscalía anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR).
2. El ‘policía’ de la publicidad oficial
A mediados de julio de 2012, cuando era el virtual ganador de la presidencia, Peña Nieto también propuso crear un órgano que vigile los contratos de publicidad entre gobiernos y medios de comunicación, para evitar que funcionarios compren cobertura informativa que les sea favorable.
“Impulsaré la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación con fines publicitarios, en todos los niveles de gobierno”, escribió en un artículo publicado entonces en el diario Reforma.
Este punto se incluyó entre los 95 compromisos del Pacto por México, el acuerdo político que el gobierno federal, el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) firmaron el 2 de diciembre de 2012.
A la fecha, sin embargo, Peña Nieto no ha presentado ninguna iniciativa en esta materia.
3. Las leyes de transparencia
Antes de asumir el poder, Peña Nieto también prometió impulsar una reforma en materia de transparencia para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Esta reforma también se incluyó en el Pacto por México y, en su etapa de cambios a la Constitución, fue promulgada en febrero de este año.
No obstante, para que pueda implementarse todavía es necesario que el Congreso apruebe leyes secundarias que definan, por ejemplo, qué información estará reservada por motivos de seguridad nacional. El plazo para que esta legislación reglamentaria quede aprobada vence en febrero de 2015 y el gobierno federal no ha presentado todavía sus iniciativas.
4. Código penal único
El 1 de diciembre de 2012, durante su primer mensaje a la nación tras asumir la presidencia, Peña Nieto dijo que una de sus primeras 13 acciones de gobierno sería promover la creación de dos códigos únicos en materia penal.
La propuesta también formó parte de los 95 compromisos del Pacto por México, y en febrero pasado, ambas cámaras aprobaron el primero de esos documentos, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que define los lineamientos que deberán seguir todos los procesos de este tipo que se realicen en el país.
Sin embargo, aún está pendiente que el Congreso discuta la posibilidad de crear un código penal único, donde se unificarían las definiciones y penas contra delitos, pues actualmente hay un código penal en cada entidad… Y a la fecha, Peña Nieto no ha enviado su iniciativa en la materia.
5. Pensión universal y seguro de desempleo
Como parte de sus primeras 13 promesas de gobierno y del Pacto por México, Peña Nieto se comprometió a concretar reformas para establecer una pensión universal para adultos mayores y un seguro para desempleados.
El presidente presentó sus iniciativas en la materia en septiembre de 2013,junto con el paquete económico para 2014 y su propuesta de reforma fiscal.
La creación de estos dos mecanismos requiere cambios tanto constitucionales como legales, que ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados. No obstante, el tema se encuentra detenido en el Senado, donde las bancadas del PAN y del PRD rechazan los planteamientos presidenciales, argumentando que no son claros sobre cómo se financiarán estos beneficios.
6. Deudas de estados y municipios
En sus primeras 13 promesas y en el Pacto por México, el mandatario también se comprometió a impulsar una reforma para limitar la contratación de deuda en estados y municipios, luego de casos como el de Coahuila, donde en pocos años los gobiernos priistas elevaron el endeudamiento de la entidad a más de 35,000 millones de pesos.
La propuesta se aprobó en la Cámara de Diputados en septiembre de 2013, pero desde entonces está detenida en el Senado, donde el PAN exige que se agregue al documento que una comisión bicamaral tendrá facultades para autorizar la contratación de préstamos por parte de las autoridades locales.
7. Leyes sobre derechos humanos
Dentro del Pacto por México, Peña Nieto prometió concretar las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de derechos humanos promulgada en junio de 2011. Entre otras cosas, esta reforma obligó al Estado mexicano a reconocer los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales de los cuales forma parte, no sólo los mencionados en la Constitución.
En octubre de 2013, el mandatario envió al Senado dos iniciativas sobre ese tema: una para reglamentar el artículo 29 de la Constitución, sobre las situaciones en las que el gobierno federal podrá declarar la suspensión de garantías, y una para reglamentar el artículo 33, sobre en qué casos y bajo qué procedimientos un extranjero podrá ser expulsado del país.
Los dos textos ya fueron aprobados en comisiones de la Cámara alta, pero no se han discutido en el pleno.
8. El fuero de los funcionarios
El octavo pendiente presidencial es la reforma constitucional para eliminar el fuero a los funcionarios. En México, el fuero es la inmunidad que impide que ciertos servidores públicos sean procesados penalmente mientras ocupan su cargo.
En marzo de 2013, con los votos del PRI y de sus aliados tradicionales, los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal), la Cámara de Diputados aprobó la reforma y la envió al Senado.
Sin embargo, el documento está detenido desde entonces en comisiones de la Cámara alta, porque el PAN y el PRD se oponen a que se excluya al presidente del cambio, es decir, a que conserve el fuero. Por su parte, el PRI argumenta que esto es necesario y que ese es el modelo seguido en otros países.
Fuente: CNNMexico
