Al menos siete periodistas de distintos medios de comunicación fueron objeto de agresiones y abusos mientras daban cobertura a las protestas y disturbios ocurridos en la Ciudad de México, el pasado 1 de diciembre, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
Asimismo, las puertas de acceso al edificio que alberga la redacción y estudios de Efekto TV fueron destrozadas por personas con el rostro cubierto y armados con distintos objetos, comprometiendo la seguridad de unos 50 empleados que se encontraban en ese momento en la televisora.
ARTICLE 19 logró confirmar que los fotoperiodistas Christopher Rogel, de El Universal; Pedro Anza, de la agencia Cuartoscuro; Quetzalli González, de Excélsior, así como Osvaldo Muller, camarógrafo de Efekto TV, resultaron golpeados e incluso lesionados por excesos cometidos por elementos del agrupamiento de granaderos que buscaban repeler a los manifestantes tanto en las inmediaciones del Palacio Legislativo como en el primer cuadro de la ciudad.
Además de estos incidentes, Óscar Balderas, reportero de ADN Político, fue amagado con un arma de fuego por un presunto miembro del Estado Mayor Presidencial, quien lo despojó de un celular en el cual había captado imágenes de excesos contra quienes protestaban a espaldas de la sede del Congreso de la Unión. Pese a haberse identificado como reportero, también Paris Martínez, de Animal Político, fue golpeado con toletes y escudos por efectivos policiacos, en tanto que Bernardo Montoya, reportero gráfico de Reuters, sufrió el robo de equipo de trabajo a manos de grupos violentos que también prendieron fuego a la motocicleta en la que se movilizaba.
Elisa Alanís, directora de Noticias de Efekto TV, dijo que tras el ataque al acceso a sus instalaciones (como se observa en la foto), el personal quedó vulnerable por minutos ante la posible irrupción de agresores. En este caso, elementos de Seguridad Pública del DF actuaron con rapidez y lograron disuadir a los atacantes.
Aunque lo sucedido el pasado 1 de diciembre no es privativo del Distrito Federal, también es cierto que sólo en el presente año, de acuerdo con registros de ARTICLE 19, se han presentado 22 agresiones contra periodistas y medios en la capital, de las cuales la mitad se ha dado en el contexto de protestas de grupos sociales en las calles. Reporteros y periodistas visuales no sólo han sido lesionados o han perdido equipo de trabajo por ataques directos de manifestantes, sino también por abusos de las autoridades.
Aun cuando las agresiones mencionadas se produjeron en un contexto de enfrentamientos entre agentes de la fuerza pública y una parte de los manifestantes, ARTICLE 19 encuentra que pese a que la mayoría de los periodistas se identificaron plenamente como miembros de la prensa, los uniformados actuaron de forma directa e injustificada contra ellos, impidiéndoles hacer su trabajo.
Atendiendo a estándares recientes fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre periodismo en manifestaciones (Caso Vélez Restrepo vs Colombia, noviembre 2012), “el control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública”. El trabajo de los comunicadores en estas situaciones es fundamental pues permite constatar si los miembros de la fuerza pública cumplen de forma adecuada sus funciones y hacen un uso adecuado de la fuerza.
ARTICLE 19 considera necesario no sólo sancionar los abusos, sino que juzga urgente la capacitación de los integrantes de los cuerpos policiacos y fuerzas armadas en relación con la labor que cumplen los periodistas y comunicadores sociales. El Estado, además de incorporar educación en derechos humanos en sus programas, debe establecer protocolos claros de actuación que permitan una efectiva rendición de cuentas y sanciones que eviten la repetición de estos hechos.
Asimismo y en la línea de las recomendaciones de las relatorías para la libertad de expresión de la ONU y la CIDH, ARTICLE 19 considera deber de las autoridades reconocer “la importancia, legitimidad y el valor de la labor periodística y condenar enérgicamente las agresiones cometidas en contra de la prensa como represalia al ejercicio de la libertad de expresión”.
La protesta y la movilización social constituyen mecanismos de petición y denuncia; la fuerza debe aplicarse excepcionalmente frente a hechos de violencia que estrictamente la requieran: no puede ser nunca la regla que rija la acción de las autoridades, lo que hace necesario que éstas capaciten a las fuerzas del orden para actuar siempre con proporcionalidad en situaciones donde se ejerce el derecho a la libertad de reunión, expresión y manifestación.
Fuente: Article 19
