58 expertos en derechos humanos, entre ellos los directores de organismos reconocidos a nivel mundial, instaron al Presidente Enrique Peña Nieto que su Gobierno disponga del mayor esfuerzo y compromiso para determinar el paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un año.
Lo anterior en una misiva dirigida al Presidente Peña Nieto y firmada por, entre otros, la presidenta, Kerry Kenedy, y otros directivos del centro Robert F. Kennedy Human Rights; la Directora Ejecutiva del Centro para la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), Vivina Krsticevic, el presidente emérito de Open Society Foundations (OSF), Aryeh Neier y el director ejecutivo de la Oficina para América Latina en Washington (WOLA), Joy Olson.
En la misiva en la que expresaron su “profunda preocupación” por la desaparición de los estudiantes, exigieron al Ejecutivo federal que su Gobierno muestre su compromiso para garantizar “justicia a las víctimas, a sus familiares y al pueblo de México en este atroz acontecimiento”.
“Elogiamos el informe recientemente publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con las familias de los estudiantes y su gobierno para investigar el caso de Ayotzinapa. Asimismo, valoramos positivamente el consentimiento de su gobierno para extender el mandato del grupo. Apoyamos el llamado de las familias para que el mandato del GIEI se extienda el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los estudiantes desaparecidos y descubrir dónde se encuentran, una tarea en la cual la participación e investigación del GIEI resulta crucial”, continúa la misiva.
Recordaron que el informe del GIEI “descubrió múltiples y preocupantes errores en la investigación de los hechos, incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios”.
Destacaron que los hallazgos de los expertos “no coinciden con las conclusiones de la PGR sobre el motivo o métodos en que se perpetraron los crímenes”, y determinó que varias de las hipótesis oficiales eran “científicamente imposibles”.
“[…] El GIEI dejó claro que hay otras líneas de investigación y otros actores cuya participación tienen que ser totalmente aclaradas, incluyendo miembros del ejército mexicano y otras instituciones federales. Aún más, el informe encontró que tanto policías estatales y federales, como también miembros del ejército mexicano, tuvieron conocimiento y estaban presentes en varias escenas del crimen caracterizadas por el brutal uso de la fuerza, sus largas horas de duración y la coordinación del ataque hacia los estudiantes, sin interceder para proteger la vida de sus conciudadanos”, precisa el documento.
En este sentido, los firmantes instaron a la PGR a que incluya todos los aspectos del informe del GIEI e implemente todas las recomendaciones que les hicieron.
E instaron especialmente al Gobierno mexicano a que tome las siguientes acciones:
- Continuar la búsqueda de los estudiantes. Con base en la evidencia disponible, el GIEI no pudo determinar el paradero de los estudiantes. Mientras que los estudiantes permanezcan desaparecidos, el caso debe ser considerado como una investigación abierta de desapariciones forzadas.
- Reorientar las líneas de investigación. Para empezar, es necesario que una nueva unidad de investigación sea asignada al caso. Es fundamental que se realice una revisión del motivo de los crímenes, incluyendo una posible conexión con un quinto autobús que al parecer pudo haber estado involucrado en el transporte de drogas ilícitas. Tanto instalaciones privadas como de gobierno donde los estudiantes pudieron haber sido llevados deben ser investigadas.
- Permitir que al GIEI entrevistar a todas las autoridades. Se necesita de manera urgente el testimonio de todas las autoridades que estuvieron presentes durante los incidentes, incluyendo el ejército mexicano y la Policía Federal. Por ejemplo, al GIEI se le debe permitir entrevistar de forma directa a los miembros del 27vo Batallón de Infantería del Ejército mexicano, quienes pudieron haber desempeñado un papel de suma relevancia en los acontecimientos de esa noche.
- Garantizar la atención adecuada a las víctimas. Implementar el acuerdo de asistencia jurídica, social, psicológica y médica a las familias. Consolidar mecanismos de comunicación con las familias. Fortalecer los mecanismos de protección a los testigos.
- Resolver el problema de desapariciones forzadas en México. Crear un registro nacional de las personas desaparecidas integrado con el registro del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y estandarizar la información sobre los restos mortales no identificados. Implementar protocolos efectivos y unificados tanto para búsquedas inmediatas como para las investigaciones penales en todos los casos de posible desaparición forzada. La nueva Ley General sobre Desapariciones debe incorporar los aportes de la sociedad civil y los grupos de víctimas.
“A más de un año de sus desapariciones, el paradero de los estudiantes sigue sin conocerse, pese a la declaración prematura de la Procuraduría General de la República de que la ‘verdad histórica’ sobre el caso ya se había resuelto. Para el inmenso pesar y desesperanza de las familias de los estudiantes, sus seres queridos aún no regresan a casa”, continúan los expertos.
Finalmente aseveraron: “continuaremos monitoreando el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y los informes que indican el elevado número de desapariciones forzadas en México”.
Puedes consultar aquí el documento y la lista íntegra de firmantes.
Fuente: Sin Embargo
