Por Francisco Javier Pizarro Chávez
El miércoles 23 de septiembre se conmemora el 55 Aniversario del asalto al Cuartel Madera por el Grupo Popular Guerrillero, encabezado por el profesor Arturo Gámiz y el doctor –y también maestro–, Pablo Gómez Ramírez.
Abordo este aniversario no con la finalidad de describir la tragedia de este suceso histórico que cimbró al país y dio inicio al movimiento guerrillero en México, sobre el cual a lo largo de este medio siglo y cinco años, se ha divulgado en diversos libros publicados por los sobrevivientes e historiadores.
Mi propósito es otro: dar a conocer a las nuevas generaciones que desconocen esa historia, el contexto social neoporfirista y régimen político autoritario, déspota y represor, prevalecientes de aquel entonces.
Esto es, compartirles las causas que motivaron a Arturo Gámiz y Pablo Gómez, a pasar de la lucha pacífica que iniciaron a fines de la década de los cincuenta del siglo anterior a la lucha armada a partir de la década de los sesenta.
Social y políticamente, el levantamiento armado fue consecuencia de la entonces llamada “institucionalización” de la Revolución Mexicana que puso fin al reparto agrario impulsado por Lázaro Cárdenas; la cual dio por concluida la afectación de los latifundios y alentó, mediante nuevos procesos, el despojo de las tierras de las comunidades indígenas y ejidales, con la expedición de Certificados de Inafectabilidad Ganadera y Forestal, al amparo de la protección del entonces Gobernador de Chihuahua, Práxedes Giner Duran y la violencia de los terratenientes desplegada en contra de los campesinos y profesores normalistas rurales.
Arturo Gámiz dio a conocer en febrero de 1963 en un reportaje publicado en La Voz de Chihuahua intitulado “La tenencia de la tierra”, que “300 latifundistas son dueños de 24.5 millones de hectáreas, mientras que 100 mil ejidatarios apenas si disponían de 4.5 millones de hectáreas para sus siembras”.
Para que tengan una idea de este despojo les comparto cifras duras. Mientras que la empresa maderera “Bosques de Chihuahua” en 1963 era dueña de una superficie de un millón 200 mil hectáreas de bosques vírgenes para la explotación forestal, ese mismo año, existían aproximadamente más de 400 solicitudes para la creación “de nuevos centros de población ejidal”, con un promedio de 10 años de antigüedad que el Estado hizo caso omiso, a través del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), organismo gubernamental para el sometimiento de los campesinos y punto de apoyo “legal” de los latifundistas y ganaderos.
La distribución de la tierra no podía ser más desigual: 300 latifundistas eran dueños de 8 millones de hectáreas, mientras que 100 mil campesinos apenas poseían 4 millones 400 mil has.
Pero eso no era todo. En manos de los terratenientes estaban no únicamente las mejores tierras para la tala del bosque, la ganadería y la siembra, sino también los cuatros Distritos de Riego de entonces: el de Cd. Delicias; Papigochic; Buenaventura y el de Valle de Juárez.
En cambio, toda gestión de los campesinos en torno a la tierra y el agua, se estrellaba contra la tradicional pared burocrática de las dependencias de gobierno. Los pequeños propietarios que tenían posibilidades financieras, por su parte, fueron paulatinamente absorbidos por compañías extranjeras, como la Anderson & Clayton Co, la cual monopolizó el 100 % de la producción de algodón en el Valle de Juárez, que constituía el 60 % de la producción agrícola en el Estado.
Iniciaba un proceso de industrialización y crecimiento económico denominado “El Milagro mexicano”, (1940-1970) antecedente del periodo Neoliberal que a partir de 1990 se abocó al desmantelamiento de las empresas paraestatales y entrega de los recursos naturales de nuestro país a empresas trasnacionales.
El operativo militar del Grupo Popular Guerrillero fue un fracaso. No obstante, sembró la semilla del movimiento guerrillero rural y urbano que sacudió al país y al régimen autoritario y represor prevaleciente en ese entonces, al cual no le quedó de otra que promulgar la Reforma Política de 1977 y posteriormente la Ley de Amnistía a luchadores sociales y ex guerrilleros que dio inicio a al proceso de transición democrática en el país del partido hegemónico a un modelo pluripartidista, que se extinguió a partir de las elecciones electorales fraudulentas de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Ahora, corresponde a la 4ta transformación evitar se retorne a ese obscuro y lamentable pasado y ponga freno a los terratenientes, empresarios, políticos, gobernadores y ex gobernadores que se enriquecieron a costa del pueblo, la corrupción, la impunidad y el saqueo de los recursos naturales de la nación, entre ellos el agua de la que se han apoderado de nuevo en los Distritos de Riego, presas, pozos y canales, muchos de los cuales se han concesionado ilegalmente a empresas cerveceras, refresqueras, mineras y comunidades menonitas, en detrimento de los ejidos.
Así que no se deje manipular. Pónganse “aguas” con el conflicto del agua que dista mucho de ser transparente. “Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano”. (Isaac Newton)
