La mayor tragedia infantil de la historia moderna en México acumula más cabos sueltos que resultados. No hay sentencias y en consecuencia, tampoco reparación del daño. La ley creada para que un caso como este no se repita, es letra muerta en la mitad del país.
Por Arturo Ángel/ Animal Político
Las dudas en torno a lo sucedido aquella tarde de junio parten desde el origen de incendio: ¿qué fue lo que desencadenó todo? Y con esa pregunta sin resolverse, los pendientes ahí siguen: sanción para los probables responsables y la reparación del daño causado.
A partir de la información proporcionada por la propia Procuraduría General de la República, así como de las organizaciones de víctimas involucradas y representantes legales, Animal Político resume en cinco puntos los aspectos inconclusos de este accidente, que es el que mayor cantidad víctimas menores de edad ha dejado en la historia reciente de nuestro país.
1) El origen del incendio
El primer paso de cualquier investigación sobre un incendio es identificar su origen y las causas. En el caso ABC, seis años después de lo ocurrido, persisten dudas y hay peritajes pendientes. Originalmente los peritos concluyeron que el origen del incendio fue un sobrecalentamiento y corto circuito en un aparato enfriador ubicado en una bodega de la Secretaría de hacienda estatal, ubicada a un costado de la guardería.
Como se puede verificar en el informe preliminar que realizó la suprema Corte de Justicia de la Nación, los perites confirmaron que en la bodega de la Secretaría de Hacienda se usaban conexiones eléctricas temporarias que violaban la norma NFPA 70 del Código Nacional de Electricidad (National Electrical Code o NEC), lo que contribuyó a originar el desperfecto.
Pero, en 2013, algunos padres de los niños, agrupados en la organización Manos Unidas Justica ABC , entregaron a la PGR varios elementos que apuntaban la posibilidad de que para destruir documentación relacionada con una deuda millonaria, generada en el sexenio del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo.
Según el comunicado de los padres el incendio fue realizado por tres personas, presuntos colaboradores de Bours Castelo. Uno de ellos, Carlos Andrés López Meza fue asesinado de varios disparos dos meses después del incendio.
En junio del 2013 el entonces subprocurador de la PGR, Renato Sales, confirmó que se había abierto esta nueva línea de investigación para determinar las causas del incendio y se dijo que se recurriría a peritos británicos para estudiar de nuevo la evidencia.
Dos años después sigue sin haber una conclusión a este respecto, según confirmó Francisco García, uno de los padres integrante del Movimiento 5 de Junio. En la PGR indicaron que los resultados serán presentados a una comisión de las víctimas “próximamente”.
2) Las sentencias
El abogado Gabriel Alvarado de Manos Unidas dijo a Animal Político que en el próximo mes se cerrará ya el periodo de pruebas en torno al proceso judicial abierto por el incendio en la guardería ABC y “es probable” que antes de que concluya el año se conozcan las primeras sentencias.
“Lo increíble es que este es un caso en el que llevamos más de un sexenio, de una tragedia de esta dimensión, y no tenemos una sola sentencia” dijo Alvarado.
El proceso es voluminoso. En junio pasado se informó que el expediente constaba de 160 mil páginas pero autoridades judiciales indicaron a este medio que ya son más de 180 mil divididas en casi 90 tomos. El juicio está radicado en el Juzgado primero de Distrito en Hermosillo Sonora.
Actualmente son 22 las personas bajo proceso penal por el incendio en la guarderíia, entre funcionarios de nivel medio y particulares. Ninguno de ellos está en prisión pues han conseguido fianzas para llevar el juicio en libertad. Se les responsbailiza de homicidio y lesiones no intencionales.
A estas personas podrían sumarse en las próximas semanas las 22 trabajadores de la guardería ABC consignadas por la PGR el pasado 5 de agosto. Falta que un juez defina si concede las órdenes de aprehensión y luego si las somete también a proceso penal.
La ausencia de sentencias también repercute en las víctimas, pues junto con una condena se fija el pago de la reparación del daño que tiene que cubrir quien sea declarado culpable en beneficio de las personas afectadas.
3) Altos funcionarios
Una de las exigencias desde el 2009 es que altos funcionarios del gobierno federal y estatal enfrentaran en un juicio su presunta responsabilidad en la tragedia, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
Las organizaciones Manos Unidas y Movimiento 5 de Junio han puesto énfasis en cuatro personajes principales que ellos consideran los responsables de mayor jerarquía,: los ex directores del IMSS Daniel karam y Juan Molinar Horcasitas, el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex secretario de Hacienda Ernesto Vargas Gaytán.
La PGR indicó a Animal Político que hasta ahora no hay pruebas que justifiquen proceder penalmente en contra de alguno de esos funcionarios. Molinar Horcasitas falleció en mayo pasado.
Cabe señalar que ya en el 2012 la Procuraduría había decidido no proceder en contra de alguna de estos funcionarios, pero una resolución judicial la obligó a reabrir la averiguación previa AP/PGR/SON/HER-V/225/2012 e incluir nuevos elementos de prueba que no habían sido considerados.
Tres años después el resultado es el mismo, es decir, ninguno ha sido consignado. De acuerdo con Manos Unidas, la Procuraduría ya mandó de nuevo la investigación al archivo, en espera de nueva evidencia.
4) El doble amparo
Dos veces los familiares de los niños han demandado amparos en contra de la forma en la que la PGR ha procedido con las investigaciones y en las dos ocasiones los jueces les dieron la razón, pero los resultados no han cambiado el curso del proceso, por lo menos hasta ahora.
Gabriel Alvarado señaló que el primer amparo ganado fue el número 897/2012 del Juez Primero de Distrito en Sonora, mediante el cual se consiguió que la Procuraduría revocara la no consignación de Bours y compañía y tuviera que profundizar en nuevos elementos de prueba
El segundo amparo es el 1269/2014 dictado por Juzgado Tercero de Distrito por el que se reconoció que existía retardo en la procuración de justicia y se pidió a al procuraduría pronunciarse en torno a los procesos en contra de Bours y otros altos funcionarios. La respuesta fue la consignación de las 22 empleadas.
El abogado dijo que ya interpusieron una queja en contra de la actuación de la PGR pues consideran que no se dio cumplimiento a la demanda de amparo.
“No puede ser que luego de casi tres años de que ganamos el primer amparo y se reabriera el caso la respuesta de la Procuraduría vuelva a ser la misma. Intentan darle carpetazo al asunto sin llevar a los tribunales a estas personas. Le toman el pelo no solo a nosotros sino a los jueces” dijo el litigante.
Recordó además que en los dos procesos de amparo la Procuraduría ha actuado presuntamente de forma “irregular” ya que por ejemplo, ha retrasado los informes que le han pedido los jueces. En este segundo proceso el juez tuvo que insistirle cuatro veces que se pronunciara sobre la resolución de la averiguación.
5) Ley 5 de Junio
El análisis e informe que presentó la Suprema Corte de Justicia en 2010 identificó fallas importantes en el sistema de guardería subrogadas del IMSS, condiciones que en el caso ABC contribuyeron a la tragedia.
Por ejemplo, el informe estableció que la capacidad autorizada de las guarderías era de 159 niños pero la Guardería ABC tenía 220 niños, es decir una sobrepoblación de 60 menores de edad.
A partir de lo anterior se realizó un trabajo legislativo que concluyó con la publicación en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida coloquialmente como “Ley 5 de Junio”, cuyo objetivo es regular la operación de guarderías para prevenir eventos como el de la ABC.
Pero de acuerdo con el Movimiento 5 de Junio hay 16 estados del país que hasta el día de hoy no han adecuado sus legislaciones locales a la ley general y por lo tanto no se pueden aplicar sus disposiciones.
Las entidades que están retrasadas, según el último balance de esta organización de padres, son Baja California, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Aguascalientes, Tlaxcala, Distrito Federal, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Guanajuato y Nuevo León.
Fuente: Animal Político
