Francisco Velásquez Samaniego, el chofer de la “monster truck” que causó la muerte de nueve personas en el Extremo Aeroshow realizado en la Presa El Rejón, al suroriente de esta capital, en octubre de 2013, fue sentenciado a cinco años de prisión y al pago de más de 26 millones por reparación del daño.
La juez de Garantía Sandra Palma Sáenz determinó la culpabilidad de Velásquez porque, apuntó, era el conductor de la camioneta tipo monstruo que se desplazó y cayó sobre parte de los asistentes, y pudo haber adecuado su conducta a la norma, es decir, si sabía que no había condiciones de seguridad, no debió saltar de la unidad.
Luego de mencionar a cada víctima mortal, así como a los lesionados y a cinco personas cuyos vehículos, cuatrimotos y bicicletas resultaron dañados, la juez dijo que el imputado justificó que lo coaccionaron para saltar, ya que si no lo hacía podría enfrentar cargos por incumplimiento de contrato.
No obstante, agregó, incumplir el contrato no lo hubiera llevado a prisión y habría podido evitar la tragedia, porque eran evidentes las negligencias sobre la seguridad del lugar.
“No era un conductor ordinario, sino con experiencia en vehículos de diversión extrema, por lo que requería condiciones óptimas”, precisó la juzgadora.
“Pudo percatarse del riesgo que existía para realizar la maniobra, y aun así lo hizo”, por lo que, basada en la legislación estatal y jurisprudencia, la juez condenó a cinco años de prisión al imputado, quien además había ingerido una cerveza antes del accidente.
También lo condenó a pagar casi 11 millones de pesos por indemnización a deudos de víctimas mortales, más de 550 mil por gastos funerarios, 13 millones 409 mil por lesiones y más de 230 mil pesos por daños.
Durante el juicio abreviado que duró cuatro días, los deudos pidieron la pena máxima para el imputado por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños.
La tarde de ayer, después de escuchar a un hombre que perdió a su hija en el accidente, y a dos mujeres cuya madre también murió, Velásquez Samaniego ofreció perdón cuando la juez le dio oportunidad de declarar. “De todo corazón lo siento mucho, mucho más por las víctimas fallecidas (…) es algo que jamás, jamás, ni con el pensamiento, hubiera querido hacer algún daño. Fue un accidente gravísimo que siento de corazón, muy mal todavía me siento, muy mal”, expresó.
Dentro de la causa penal 2665/2013, el defensor de Francisco Velásquez, Alejandro Chapa Medellín, solicitó el pasado 30 de junio el juicio abreviado.
A nombre de las víctimas y los 58 lesionados que presentaron querella, Fernando de la Cruz dio su consentimiento para el procedimiento abreviado, pero enfatizó en no olvidar el lamentable acontecimiento y a las personas que murieron. Sólo los hijos de María Cristina Baca Gámez –una de las nueve personas que perdieron la vida– no estuvieron de acuerdo.
De la Cruz señaló que Francisco Velásquez pudo evitar la tragedia, pero se negó a no saltar, y pidió la pena máxima. El chofer lleva un año y casi nueve meses en prisión.
Cuando se accede a un juicio abreviado se puede solicitar el tercio de la pena, pero en este caso la juez no lo aprobó por la dimensión del delito.
Pedirá su cambio a penal de Sonora
Al final del juicio, Francisco Velásquez dio una entrevista a medios de comunicación y adelantó que no podrá pagar los 26 de millones de pesos que ordenó la juez.
Su abogado explicó que el ayuntamiento ha cubierto voluntariamente parte de los gastos, por lo que su cliente pagaría con prisión.
El imputado, quien adelantó que solicitará su cambio a un penal de Sonora, reveló que Eliot Gerardo Castillo Hernández, representante de Demolition Show, empresa organizadora del evento, lo buscó en la prisión para pedirle que le ayudara y dijera “algunas cosas” en el juicio, y lo deslindara de responsabilidad.
Velásquez se negó a hacerlo y se quejó de que los otros acusados, quienes enfrentan su proceso en libertad, lo dejaron abandonado y no lo volvieron a visitar.
Al respecto, Iván Josué Santos, padre de Paulina Santos Luna, quien contaba con seis años de edad cuando falleció, dijo que para los otros imputados –tres funcionarios municipales y dos empresarios– también esperan la pena máxima, porque no es justo que cobijen a alguien con la política y con dinero a costa de tanto dolor de las víctimas.
El calvario
Además del proceso penal que involucra a esas cinco personas, las víctimas han iniciado 18 procedimientos administrativos para que les paguen sus respectivas indemnizaciones, ya que el ayuntamiento actual se ha negado a reconocerlas como víctimas.
De esos procedimientos, clientes de los abogados Daniel Morales y Felipe Ponce promovieron dos amparos, de los cuales sólo uno se ha resuelto. Luego de que el juez falló a favor de las víctimas, el ayuntamiento impugnó y ahora el caso se encuentra en un Tribunal Colegiado.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12/2014 a las autoridades municipales para que indemnicen a las víctimas.
No obstante, los funcionarios alegan que han erogado más de 30 millones de pesos en servicio médico, indemnización y funerales, pero varias de las víctimas aseguran que les han puesto trabas para la atención médica.
En el caso de las indemnizaciones a los deudos de las nueve personas fallecidas, les dieron un adelanto de aproximadamente un millón cien mil pesos, pero una de las familias se negó a recibir el dinero.
Felipe Ponce, defensor de esa familia, dijo que por un acuerdo con todas las víctimas y en solidaridad con ellas, los deudos no han recogido el pago que debe darles el municipio en cumplimiento al acuerdo de Cabildo del 12 de junio de 2014.
La familia decidió no aceptar el dinero “ante la recurrente violación a los derechos humanos de acceso a la justicia y, por ende, a la verdad, a la no impunidad y a la no repetición de los hechos violatorios de derechos humanos por parte de esta administración municipal, que sistemáticamente se ha negado a admitir todas y cada una de las reclamaciones que hasta la fecha han interpuesto las diversas víctimas de la tragedia del 5 de octubre de 2013”, explicó Ponce.
A nombre de sus representados, el defensor exhortó al ayuntamiento de esta capital a ser congruente con su decisión de admitir la recomendación 12/2014 emitida por la CNDH y aceptar todas y cada una de las 18 reclamaciones interpuestas por las víctimas.
“Lo más importante es que los servidores públicos, más allá de haber aceptado la recomendación de la CNDH, asuman la parte que les corresponde sobre la obligación del Estado Mexicano a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de protección y respeto a los derechos humanos”, subrayó.
Detalló que la familia afectada insiste en su reclamo de que se cumpla la recomendación de la CNDH y “que se actúe dentro del expediente en el que hizo el reclamo correspondiente de la reparación integral de los daños y perjuicios que el municipio de Chihuahua causó con su negligencia criminal y que ha derivado en varios procesos penales en contra de sus servidores públicos”.
Negligencia criminal
Uno de los casos que evidencia la negligencia de las autoridades municipales y estatales para dar atención a las víctimas del Aeroshow es el de Jorge Espinosa Aguirre, quien acudió al evento con su esposa María del Carmen.
La camioneta monstruo pasó por encima de las piernas de ella y la estampida humana sobre él. Como pudo, Jorge se incorporó y centró sus fuerzas para rescatar a su esposa y buscar que le brindaran atención.
Los paramédicos se llevaron a María del Carmen, pero a él lo dejaron porque no se veía sucio ni atropellado.
“No tenía un cuerpo lo suficientemente deteriorado o sucio que mostrar”, explica Ponce.
Dice que los médicos y paramédicos dieron prioridad a quienes se veían peor a simple vista, y por ese motivo decenas de personas no recibieron apoyo porque no son parte de las listas de los hospitales de aquel día y les negaron el servicio médico.
“Nos tocó estar ese día ahí, a mi esposa y a mí. Yo me preocupé más por ella porque no soy nervioso. La troca le pasó por sus piernas y el doctor no nos valoró bien. A ella la dio al otro día de alta”.
Jorge asegura que tiene problemas en los riñones y espalda, y durante varias semanas orinó sangre, pero hasta ahora no le han dado el tratamiento adecuado, y su oficio de plomero no le permite pagar servicio médico.
“Ya nada fue igual, no tengo la misma fuerza, ahora tengo que pagar a alguien que me ayuda (…) Me dan medicamento cada vez que no aguanto el dolor”, añade.
Y a su esposa, dice, se le inflaman las piernas porque retiene muchos líquidos, aunque ha mejorado con el tratamiento que le dieron porque ella sí cuenta con servicio médico público.
Fuente: Proceso
