Destacan los nombres de Édgar Enrique Bayardo del Villar y Jesús Zambada Reyes, aunque de la gran mayoría de quienes se acogieron a dicho programa no serán revelados sus nombres
En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que entre 2006 y 2012 registró a un total de 379 personas que se acogieron a la figura de “testigos colaboradores”, también llamados testigos protegidos.
La información fue proporcionada a un particular; sin embargo, éste se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) porque no le dieron los nombres de narcotraficantes adscritos a ese programa.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), respondió que durante el tiempo requerido se cuenta con el registro del número de testigos colaboradores de manera general, y no a nivel de detalle como lo solicitó la particular.
Al respecto, proporcionó un cuadro estadístico en el que indica que, de 2006 a 2012, se han registrado un total de 379 testigos colaboradores: 43, en 2006; 50, en 2007; 57, en 2008; 61, en 2009; 43, en 2010; 60 en 2011, y 65, en 2012.
El recurso de revisión fue turnado a la comisionada María Elena Pérez-Jaén. En alegatos, la PGR dijo que los nombres de dichos testigos están reservados por 12 años, por encontrarse inmersos en averiguaciones previas, en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).
Posteriormente, en un alcance a su respuesta, la Procuraduría manifestó que la información relativa a los miembros de la delincuencia organizada que prestaron ayuda para las investigaciones, así como el grupo o banda al cual pertenecían, y la utilidad que tuvieron sus datos, también es reservada con fundamento en los artículos 13, fracción IV y 14, fracciones I y III de la LFTAIPG, que de hacerse pública pondría en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias.
Aunado a lo anterior, refirió que dar a conocer los nombres de los testigos colaboradores podría causar un serio perjuicio en su esfera personal, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la ley de la materia.
En el análisis jurídico del caso, la comisionada Pérez-Jaén realizó una búsqueda de información en el portal electrónico del sujeto obligado y localizó dos boletines de prensa, en los cuales la propia PGR ha publicado los nombres de algunos narcotraficantes que formaban o siguen siendo parte del programa de testigos colaboradores; tal es el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar y Jesús Zambada Reyes.
La ponente también ubicó notas periodísticas en las cuales se mencionan algunos nombres de los miembros de organizaciones criminales de narcotraficantes que se acogieron como testigos colaboradores, de 2008 a 2011, y dijo que, si bien, éstas carecen de valor probatorio, al tener su origen en distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, arrojan indicios sobre los hechos a que se refieren.
En este sentido, a propuesta de la comisionada María Elena Pérez-Jaén, el Pleno del IFAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una búsqueda en sus comunicados de prensa y entregue aquellos en los cuales se adviertan los nombres de los testigos colaboradores relacionados con el narcotráfico, durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2012. Lo anterior, en el entendido de que la información difundida en medios oficiales no pierde dicha naturaleza, puesto que ya es del conocimiento público.
No obstante, por lo que hace a los nombres de los testigos protegidos que no han sido difundidos, el Pleno determinó reservarlos, ya que darlos a conocer pondría en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias, así como las investigaciones en curso.
Fuente: Excélsior
