Luego de tres años, el Poder Legislativo finalmente aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que envió aljecutivo federal para su promulgación.
Con 396 votos a favor y cero en contra, los diputados avalaron la minuta que el Senado de la República envió el último día de sesiones, en abril pasado. Y aunque se presentaron más de 50 artículos bajo reserva, al final se declinó su revisión, pues si alguno de ellos hubiera procedido, la minuta habría regresado a la Cámara alta y quedado en el cajón legislativo.
En conferencia de prensa, madres de jóvenes desaparecidos e integrantes del movimiento Nuestros Desaparecidos en México, quienes acudieron a la sesión de este jueves en San Lázaro, expresaron que la nueva ley será una herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones e impunidad en el país.
“Las familias que conformamos el movimiento Nuestros Desaparecidos en México saludamos la aprobación de dicha ley por ser el resultado de casi tres años de trabajo por parte de más de 60 colectivos, familiares y organizaciones de la sociedad civil que han propuesto contenidos fundamentales de ésta”, indicaron.
De igual manera, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto que de inmediato publique la citada norma en el Diario Oficial de la Federación, que se asignen los recursos necesarios para poder operarla, y que a ellos se les permita participar en su implementación.
La diputada perredista Cristina Gaytán, quien acompañó a los diversos colectivos, dijo que se requieren al menos 422 millones de pesos para instrumentar la nueva ley, por lo que buscarán esos recursos en la discusión del presupuesto de egresos para el próximo año.
A la conferencia también acudió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, quien expresó: “Estamos muy contentos, esta es una buena noticia, diría yo la primera en mucho tiempo para muchas familias”
El diputado priista reconoció el trabajo de las organizaciones de familias de desaparecidos para concretar este proyecto que, subrayó, “es un producto con una gran dosis de sufrimiento y dolor, pero con gran optimismo y con mucha esperanza de que el futuro del país sea sin desapariciones”.
Y sostuvo que así como se generó el consenso para la aprobación de la ley, es ineludible la asignación del presupuesto para su correcta aplicación.
“Tenemos cifras claras que nos orientan a lo que se tiene que conseguir y estamos más que comprometidos en sacar esta ley adelante y lo estaremos haciendo en los siguientes días (en la aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018”, aseguró.
Cristina Gaytán, quien también forma parte de la comisión de Derechos Humanos, agradeció el trabajo y esfuerzo de las organizaciones sociales y los familiares de desaparecidos que se comprometieron con esta misión a partir de hechos trágicos, como no saber dónde están sus seres queridos.
E insistió: “El planteamiento está hecho, son 422 millones que la propia Cámara de Diputados y su área de finanzas públicas han señalado para la ley contra la desaparición forzada y para la ley contra la tortura. El compromiso es que no sea una ley que no tenga manera de implementarse”.
Fuente: Apro
