Representantes de 24 organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el riesgo de que se desvíen recursos de la partida de más de 2 mil millones de pesos a cargo del subsecretario de Prevención del Delito, Arturo Escobar.
En conferencia, desde el Senado, los activistas advirtieron que los antecedentes de escándalos y delitos electorales del funcionario generan preocupación sobre el uso que dará al presupuesto, que podría ser empleado con fines electorales en los comicios del 2016.
“Nos preocupa vigilar el posible desmantelamiento y desvío de recursos a polígonos con intereses de carácter político”, denunció Clara Jusidman, de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide).
“Nos sorprende que, a tres años de iniciado el Gobierno, el presidente coloque a un personaje para poner la prevención del delito en el último lugar, porque él no va a operar para el programa sino para usar el territorio para crear clientelas políticas”.
Los integrantes de las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad civil para vigilar el ejercicio de los recursos y denunciar cualquier acto de corrupción relacionado con la aplicación del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred).
“Escobar no es confiable, es impresentable. Nos preocupa que los estados donde empieza a moverse el programa es donde tiene presencia el PVEM”, sostuvo Carlos Cruz, de Causa Ciudadana.
“Maneja recursos y es susceptible de manejarlos para fines clientelares”, aseveró Alfredo Peña, de México Unido contra la Delincuencia.
“Se trata de un operador político, especialista en conducir de manera oscura procesos electorales”, denunció Rocío García Cruz, de ConArte.
Acompañados de la senadora independiente, Martha Tagle, los activistas exigieron a la procuradora General de la República, Arely Gómez, y a la Fepade, acelerar las indagatorias que existen contra Escobar por la presunta comisión de delitos electorales, para que pueda ser sancionado.
“No es un llamado, es una exigencia, le estamos pagando para que hagan su trabajo, vergüenza debería de darles. Y también le preguntamos al Instituto Nacional Electoral ¿qué está haciendo para sancionar a estas personas?”, cuestionó Peña.
“Hacemos un llamado a la procuradora, tiene que acelerar el proceso. Y al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, le decimos que está obligado a romper con el pacto de impunidad”, demandó Cruz.
Los integrantes de las ONGs reiteraron su exigencia para que Escobar renuncie o sea removido del cargo por no contar con experiencia en materia de prevención y por haber estado involucrado, en el pasado, en actos que han rayado la ilegalidad.
“¿Qué sabe un ambientalista farsante sobre prevenir el delito?”, preguntó Peña al citar al politólogo Sergio Aguayo.
“No sabe absolutamente nada de prevención del delito, sabe cómo cometer delitos. Lo mejor que le puede pasar al programa es que se retire, que renuncie”, agregó Cruz.
Jusidman advirtió que también existe el riesgo de que organismos internacionales como la Unión Europea o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se nieguen a continuar con el financiamiento que entregan a través de la Subsecretaría, frente al cuestionado perfil de Escobar.
“Me pregunto si con la calidad moral y la historia de operador político de Escobar estas instituciones van a estar en la disposición de entregar recursos”, señaló.
Las organizaciones entregaron una carta, dirigida a los 128 senadores, para que se unan a la exigencia de la remoción de Escobar.
Además, hicieron un llamado a las organizaciones civiles de todo el país para crear una coalición ciudadana que permita reforzar las acciones en materia de prevención del delito.
Fuente: Reforma
