Por Juan Carlo Ortega Prado
La cifra es de escándalo: sólo en los nueve meses que van de 2013 se han perpetrado 225 agresiones contra reporteros y medios de comunicación, según difundió este viernes 11 el grupo Artículo 19 (proceso.com.mx/?p=355125). Hablamos de amenazas, golpes, “desapariciones”, incendios, secuestro, asesinato… Este año, pues, es el peor para los periodistas en toda la historia mexicana. El peor.
Resulta abominable: no sólo por los periodistas afectados, por sus familiares y por sus medios, que ya sería bastante. Sino, sobre todo, por este México que se resquebraja —que necesita certezas en medio de tanta simulación y mentira—.
No hay democracia sin buenos medios, ni buenos medios sin seguridad. No se trata, pues, de los informadores, sino de los informados.
Este mismo viernes, el grupo Prensa Libre MX difundió un video en el que los propios afectados denuncian que hubo alrededor de 50 reporteros agredidos en la marcha del pasado 2 de octubre, sea por granaderos (la mayoría) o por vándalos enmascarados. Cincuenta, en tres horas. No exigen trato especial, sólo que les permitan trabajar.
Aseguran que es un problema recurrente y una fractura al Estado de derecho. Tienen razón: la situación está empeorando. En un contexto de profunda violencia, es fácil que esto pase inadvertido, pero ni siquiera durante lo peor de la guerra calderonista contra el narco hubo tantas agresiones en tan poco tiempo.
No hablamos de anécdotas ni de gajes del oficio. No cuando los policias dan de toletazos a la cámara, no cuando corretean y someten a periodistas debidamente identificados. No cuando ya suman cuatro marchas en la que ha habido civiles embozados.
¿Quiénes son los responsables? En primer lugar, las autoridades, que tienen nombre y apellido: el presidente Enrique Peña Nieto, el coordinador de Seguridad Pública federal, Manuel Mondragón; el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera; el secretario de gobierno capitalino, Héctor Serrano; el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Jesús Rodríguez; el procurador local, Rodolfo Ríos Garza; el director de Concertación del DF, Pedro Bello…
De hecho, según Artículo 19, de los 67 ataques del último trimestre, 36 fueron cometidos por “servidores públicos”: 19 estatales, 12 municipales y cinco federales.
Paralelamente está el hecho de que con el priismo se ha potenciado el soborno a los periodistas (chayote): billetes dentro de libros, comidas pantagruélicas, viajes de ensueño…
En segundo lugar (y sólo en segundo lugar) está el crimen. Pero aquí también hay que apuntar es deber de las autoridades sofrenarlo.
Los dueños de las empresas mediáticas tienen otra gran porción de culpa. Hay salarios y líneas editoriales miserables. Hay quien amenaza a sus periodistas si intentan denunciar iniquidades.
Ahora bien, aunque sea políticamente incorrecto también es momento para la autocrítica. Los comunicadores no solemos concitar apoyos multitudinarios porque en muchas ocasiones no hemos estado a la altura de nuestra responsabilidad (informar, nomás). A la fecha hay publicaciones que se venden al mejor postor, reporteros comprados y enfoques tendenciosos. Cuando en las marchas los manifestantes gritan “¡Prensa vendida, cuéntanos bien!”, no se puede negar que no les falta razón.
Otro problema al interior del gremio es la tremebunda falta de solidaridad. Cuando Prensa Libre MX estaba buscando a quiénes se sumaran a su video recibió una respuesta inaudita, de una organización, decimos, de reporteros: no participarían, dijeron, porque el problema implicaba fundamentalmente a fotógrafos. No puedo mencionar quién lo dijo porque se trató de una charla informal.
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Fuente: Apro
