En México son más de 22,322 personas ausentes. A pesar de ello, el país no cuenta con mecanismos efectivos de búsqueda, de identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables; tampoco hay coordinación ni mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda e investigación para los casos de personas migrantes desaparecidas.
De acuerdo con la organización Proyecto Desaparecidos, la práctica de las desapariciones forzadas en México tiene muchas aristas. En Chiapas la represión militar y paramilitar contra la población civil se manifiesta en asesinatos, masacres y desapariciones forzadas.
Las víctimas de la desaparición forzada en Guerrero y Oaxaca son, por lo general, activistas sociales y comunitarios preocupados por la situación de los campesinos. Las desapariciones se extienden a otros estados “más estables” como Veracruz, Sinaloa, Puebla, Morelos y el propio Distrito Federal, de acuerdo con esa organización.
Un colectivo de organizaciones agrupadas en la Asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Fuundec) envió al presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de septiembre -18 días antes del ataque y desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa- una carta en donde le piden que firme al Comité contra la Desaparición Forzada la aceptación de la competencia para las facultades previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Al aceptar esas medidas, refiere Fuundec, México permitiría que el comité internacional reciba y examine las comunicaciones presentadas por mexicanos que alegan ser víctima de violaciones de Estado.
“El derecho a la justicia va más allá de las formalidades nacionales y debe posibilitar a las víctimas de violaciones de derechos humanos a acudir a cuantas instancias internacionales consideren pertinentes en busca de protección, justicia y reparación cuando las autoridades mexicanas no cumplen con su mandato, lo cual es lo que ocurre en México”, dice la carta.
Argumentan que México es parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, “no obstante, en la mayoría de las denuncias que se presentan –más de 22,000 en el país, según han sido reconocidas recientemente por la Secretaría de Gobernación– no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, así como de identificación y sanción de los responsables, entre otros. Por otra parte, no hay coordinación ni mecanismos trasnacionales que garanticen acciones de búsqueda e investigación para los casos de personas migrantes desaparecidas”.
La danza de las cifras
La última cifra de desaparecidos la dio el 21 de agosto la subprocuradora de la PGR, Mariana Benítez. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibió la administración al 30 de noviembre de 2012 con un total de 26,121 registros de personas no localizadas que, luego de una actualización con las procuradurías estatales, se elevó a 29,707 personas. De esta última cifra, al 31 de julio de 2014 habían sido localizadas 17,175 personas, y continúan las acciones de búsqueda de las restantes 12,532.
Del 1 de diciembre del 2012 al 31 de julio del 2014 las fiscalías y procuradurías estatales reportaron la localización de 13,444 personas de este primer grupo -de ellas 12,821 fueron localizadas con vida- y se sigue la búsqueda para ubicar a 9,790 personas más.
Si se suman las personas del sexenio de Felipe Calderón que aún están en calidad de desaparecidos, con el número de personas desaparecidas y no localizadas en el actual gobierno, hay 22,322 desaparecidos, hasta agosto pasado.
El primer desaparecido de México fue el profesor Epifanio Avilés Rojas, detenido por elementos del Ejército mexicano el 19 de mayo de 1969, en Coyuca de Catalán, Guerrero. Lo condujeron a Ciudad Altamirano y luego a Chilpancingo, donde lo entregaron al general Miguel Bracamontes, quien a bordo de una avioneta lo trasladó a la Ciudad de México. Desde entonces y a la fecha se desconoce su paradero.
A partir del crimen cometido contra el profesor Avilés, “cientos de mexicanos han sido desaparecidos por el Estado mexicano, sin que a la fecha alguno de los responsables haya sido juzgado. La impunidad imperante se convierte en una garantía para que este crimen de lesa humanidad se siga cometiendo en estos días”, refiere la organización H.I.J.O.S. México.
Fuente: El Economista
