Al recurrir a dicho término en la audiencia ante el juez, la defensa de Lozoya revela estrategia sustentada en una tesis diseñada por uno de los penalistas más influyentes del mundo y que permitió procesar, entre otros, al expresidente Fujimori en Perú.
Por Arturo Ángel/ Animal Político
Habían transcurrido seis horas y media de la audiencia virtual cuando Emilio Lozoya Austin, a través de sus abogados, confirmó lo que por meses se especuló. De frente a una cámara colocada en su cuarto de hospital le dijo al juez que sí… que pudo haber cometido hechos que fueron delitos, pero que lo hizo sin intención y bajo las órdenes de un “aparato organizado de poder”.
El exdirector de Pemex no dio nombres ni cargos de los integrantes de ese aparato- aunque prometió que lo hará – pero la tesis detrás de su argumento de defensa creada por uno de los penalistas mas influyentes del mundo, y la temporalidad de los hechos que los fiscales describieron no dejan margen de duda: se trata del gobierno que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto y sus secretarios de Estado.
“Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…” dijo Lozoya, y completaron sus abogados: “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”.
¿Qué hechos son estos? La presunta adquisición, a cambio de sobornos, de una planta chatarra por la cual Pemex habría perdido casi 8 mil millones de pesos en el gobierno de Peña, a los que se sumarán presuntos sobornos realizados por Odebrecht (con financiamiento electoral incluido) que hoy serán presentados en una nueva audiencia.
El que Lozoya Austin intente responsabilizar a sus superiores es algo que ya se preveía desde el momento en que se anunció que el exfuncionario peñista buscaba colaborar con FGR, para denunciar delitos mas graves de corrupción que los que a el se le imputan, a cambio de obtener beneficios legales.
Pero lo que la audiencia de casi doce horas de duración realizada ayer puso al descubierto fue la estrategia: un plan que ha sido utilizado con éxito para denunciar entramados criminales que permitió llevar a la cárcel al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, mientras que en Colombia permitió construir casos contra el crimen organizado.
#ConferenciaPresidente. En los próximos días, Emilio Lozoya deberá hacer declaraciones, revelar nombres y dar a conocer “el aparato organizado de corrupción” desde el poder. pic.twitter.com/HFNcCtGYPG
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 29, 2020
El monstruo de varias cabezas
La frase “aparato organizado de poder” referida ayer en la audiencia de Lozoya no es un concepto al azar. Es la definición de una doctrina concebida por uno de los penalistas más influyentes del mundo, el abogado y jurista alemán Claus Roxin, quien ha recibido, entre otros reconocimientos, más de 20 doctorados Honoris Causa de distintas universidades.
Roxin es además profesor de Miguel Ontiveros Alonso, el abogado que lidera la defensa de Emilio Lozoya, y quien al igual que su maestro es un estudio de las teorías del Derecho.
¿En qué consiste esta doctrina? De acuerdo con tres penalistas consultados por Animal Político, se trata de una teoría que parte de la concepción de que existe estructuras de poder como las de la delincuencia organizada, que cuentan con lideres difíciles de identificar en un inicio, pero que son los verdaderos beneficiarios de hechos ilícitos.
Dichos líderes no cometen materialmente los delitos, sino que se valen de otros integrantes de menor rango de la organización para cometerlos.
“En grandes organizaciones los altos niveles toman decisiones criminales, pero no las ejecutan por ellos mismos. Ordenan a sus subalternos realizarlas, aprovechando su posición jerárquica y la vulnerabilidad de sus colaboradores (…) De esa manera, la cúpula queda al margen de cualquier responsabilidad”, detalló el penalista Gabriel Regino.
Otro experto, que también fue maestro de Ontiveros, explica: “hace años surgió esta teoría que es creación dogmática para tratar de justificar una vía de imputación, o de cómo poder inmutarles (…) Es compleja, discutida y admitida por algunos y por otros no, pero tiene gran acogida para su argumentación en casos así”.
La doctrina de las estructuras de poder ya ha sido llevada a la práctica. La misma fue aplicada por la Fiscalía en Perú para imputar delitos graves al expresidente Alberto Fujimori y a integrantes de su gabinete, como se relata en el documento “El Caso Fujimori: Juzgando a un Jefe de estado”.
“Es una teoría que permite seguir la línea de mando y llegar a los máximos responsables. En Colombia ha sido exitosa también”, dijo la penalista Karla Salas.
Fuente: Animal Político
