Más de 21 años después de la detención, tortura y asesinato de tres indígenas zapatistas a manos de militares, el gobierno federal reconoció la violación grave a los derechos humanos de las víctimas y se comprometió a reparar el daño.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, fue el encargado de firmar el acuerdo de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano por la muerte de los tres indígenas tzeltales, ocurrida el 7 de enero de 1994 en el ejido Morelia, municipio de Altamirano.
La firma es parte de la aceptación a la recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) derivada del caso 11.411.
El 7 de enero de 1994, año del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), efectivos del Ejército Mexicano irrumpieron violentamente en los hogares de la comunidad indígena de Morelia y sacaron a los hombres, a quienes reunieron en la cancha de basquetbol.
Luego de someterlos y golpearlos, un capitán sacó una lista y leyó los nombres de Severiano Santiz Gómez (60 años), Hermelindo Santiz Gómez (65 años) y Sebastián López Santiz (45 años). Los tres fueron llevados a la sacristía de la iglesia del lugar, donde fueron torturados y posteriormente subidos a un vehículo militar.
Cuatro días después los cuerpos de los tres indígenas fueron localizados en el camino que une a Altamirano con el ejido Morelia.
Al acto realizado este martes en San Cristóbal de las Casas, en las oficinas de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas (Seapi) del gobierno del estado, acudieron representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Por parte del gobierno estatal estuvo presente el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, pero no asistió ningún representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que fue criticado por el abogado defensor de los indígenas, Miguel Ángel de los Santos Cruz, debido a que los militares fueron los directamente responsables del triple crimen.
La firma del acuerdo por parte de Campa Cifrián incluye el compromiso del Estado de reparar el daño provocado a las tres viudas, sus hijos y nietos, así como una disculpa pública en un plazo de tres meses, además de la investigación del crimen y castigo a los involucrados.
En febrero de 2004 el EZLN recordó a los 46 zapatistas asesinados por el Ejército Mexicano diez años antes, entre ellos Severiano y Hermelindo Santiz Gómez, y Sebastián López Santiz, cuyos restos fueron analizados por especialistas de Physicians for Human Rights.
