Por Víctor M. Quintana Silveyra*
Se necesita ser un miembro muy cínico de la clase política para quedarse contento con el proceso electoral local que acaba de pasar. La vaciedad de las campañas, el sometimiento al gobernador y al PRI, un IEE tan patético como dispendioso, la persistencia de las mismas mafilias como beneficiarias de las diputaciones plurinominales, la ausencia de debates reales, todo, absolutamente todo, alejó a la gente de las urnas y a pesar de que el IEE gastó en tres años más de mil millones de pesos, no logró hacer una inflexión significativa en la tendencia abstencionista. ¿Acaso creyó tan tonta a la ciudadanía chihuahuense como para que la belleza de Aracely Arámbula o la música de Caballo Dorado la hicieran olvidar los trastupijes de la partidocracia y las fallas del gobierno?
Para que Chihuahua comience a regresar a las urnas, para que el sistema de representación política comience a legitimarse, urge que de aquí a 2016 se operen una serie de cambios importantes, tanto a lo largo de todos los factores del proceso electoral, como de la forma de gobernar. De esta hablamos continuamente, de los primeros vamos a ocuparnos ahora. Las transformaciones que se requieren desde ya son:
Ley de participación ciudadana: No se puede invitar a la población a votar un domingo de julio de cada tres años si se le aleja continuamente de la participación en lo público, o peor aún, si se le veta de hacerlo. En noviembre pasado una serie de organizaciones de la sociedad civil, respaldadas por 20 mil firmas de ciudadanas y ciudadanos entregamos al Congreso del Estado la más avanzada propuesta de ley de participación ciudadana que se haya conocido en Chihuahua. Retoma algunas iniciativas presentadas antes por el PAN y por el PRD, las mejora a partir de la experiencia de varios estados de la Republica. Hace efectivo el derecho al referéndum, plebiscito, iniciativa popular y consulta. Hasta ahora el Congreso no se ha dignado dar una sola respuesta a estos veinte mil ciudadanos. Parece que la iniciativa cayó en el agujero negro que hay en Libertad y calle Segunda. Ninguna intención democratizadora tendrá credibilidad si no se discute, consulta y vota esta iniciativa ciudadana.
Candidaturas independientes. Ya varias entidades de la Republica las han incorporado a su legislación, por ejemplo Zacatecas. Tal vez sería mucho pedir que Chihuahua aspirara a tener el mismo nivel de desarrollo democrático que una de las entidades más pobres de la República. Sin embargo, si se quiere que la gente empiece a creer en el sistema político, hay que romper el monopolio que ejercen sobre el mismo los partidos. Si al menos se comienza a permitir las candidaturas independientes a nivel municipal, con toda seguridad que más de un partido perdería su “arrastre” local y comenzarían procesos de autentica participación ciudadana en cada municipio.
Ley antimafilias, ley de partidos. No es posible que grupos de interés, casi casi mafias de la política sigan rotando a los miembros de su familia o de sus incondicionales en las diputaciones y regidurías plurinominales. No es posible que sigan gozando de las prerrogativas millonarias que los impuestos de todos hacen posible para enriquecerse a cambio de apoyar incondicionalmente a quien está en el poder. Por eso se requiere en Chihuahua, como a nivel federal, una Ley de Partidos Políticos. Una ley que los haga funcionar como lo que deben ser: entidades de interés público y no como negocios familiares o de clan. Que los haga realmente democráticos, que les exija la transparencia, la rendición de cuentas. Que castigue con reducciones drásticas de prerrogativas a quienes en las listas plurinominales estén rotando siempre las mismas caras, los mismos apellidos. Además, debe haber una reducción significativa del financiamiento a partidos.
Alto al comercio del sufragio del pueblo: Fue grotesca la maniobra de transfusión de votos que en este proceso electoral el PRI le hizo a sus partidos incondicionales para que llevaran a sus caciques al congreso. Toda una Revolución que costó un millón de muertos se llevo a cabo para hacer efectivo el sufragio. Transferirlo, endosarlo es una manera de masacrar dicho sufragio. Creo que los primeros molestos por esta sucia transacción son muchos priistas. Debe reformarse la legislación electoral para impedir este tipo de trucos. Que cada partido obtenga los votos que realmente puede conseguir convenciendo a la gente. Se podría por ejemplo, limitar el número de coaliciones o de candidaturas comunes. No puede el erario público seguir sosteniendo zanganocracias.
Sustitución del IEE por el IFE: A pesar de sus lamentables actuaciones en 2006, sobre todo, el IFE sigue siendo menos peor que el IEE. Este se gastó 926 millones de pesos en tres años para organizar solamente un proceso electoral, sin contar el financiamiento a partidos. Su sometimiento al gobernador es muy claro. Es necesario que se sigan las voces que a nivel nacional están clamando por que exista una sola instancia de organización, supervisión de elecciones y de promoción de la participación ciudadana: el Instituto Nacional de Elecciones y de Participación Ciudadana. Tendría sus ramas estatales, pero no estarían sujetos al ejecutivo estatal, sino a consejos verdaderamente ciudadanos a todos los niveles. Tendría un servicio civil de carrera y no estaría sujeto a transas e intercambios entre los partidos y el gobierno. Nos saldría mucho más barato como contribuyentes y sería más creíble y efectivo.
Regidores por circunscripción territorial. Ahorita al votar por el presidente municipal se vota por toda la planilla de regidores, muchos de ellos sin ninguna conexión con la ciudadanía, resultado de negociaciones internas y cuotas al interior de los partidos. La mayoría se convierten en empleados del alcalde y no realizan ninguna labor de cabildo, de consejo, de contrapeso. Por eso es importante que los regidores sean electos por una circunscripción territorial, para que la gente les exija, les demande representar sus demandas y sus intereses, les pida cuentas. Para que la ciudadanía demande participar desde el nivel barrio o colonia.
Que el TEE funja como Tribunal de lo Contencioso Administrativo en tiempos no electorales. Aunque el Tribunal Estatal Electoral no sale ni con mucho más caro que el IEE, tiene sin embargo, muchos tiempos muertos entre elección y elección. Por eso es muy necesario que se implemente ya la iniciativa que dicho cuerpo funcione como Tribunal de lo Contencioso Administrativo entre elección y elección. Se aprovecharía mucho mas su capacidad y la ciudadanía contaría con un órgano al que acudir para defenderse de las decisiones administrativas del gobierno del estado, pues hasta el momento el propio Ejecutivo es juez y parte y los ciudadanos nos encontramos en la indefensión en esta materia.
Esa es una agenda mínima para que el proceso electoral de 2016 se acerque más y sea un poco más creíble para la ciudadanía. El problema grande es que quien puede impulsar esa agenda en el congreso son los mismos que hasta ahora han sido beneficiarios de las chuecuras que arriba denunciamos. Por eso, todos estos cambios no serán posibles, si no hay una fuerte presión y organización de la ciudadanía y de los medios.
* Víctor M. Quintana S. Doctor en Ciencias Políticas por la Sorbona de París y dirigente estatal de Morena en Chihuahua