Ante la aprobación de la “Agenda Represiva del Gobierno” por el parlamento de Chile, que criminaliza la protesta social, este jueves el colectivo Unidad Social –que aglutina a más de 200 organizaciones opositoras al régimen del presidente Sebastián Piñera-, principalmente en la ciudad de Santiago, emitió un pronunciamiento de rechazo al acuerdo parlamentario, dirigido a la comunidad internacional.
“Los partidos de oposición y en particular el parlamento siguen sin entender la magnitud de la crisis y siguen sin hacerse cargo del estallido y la demanda social. No se entiende que habiéndoseles dicho que rechazaran la agenda legislativa y los proyectos de un gobierno que tiene menos del 10 por ciento de aprobación, continúen votando y peor aún aprobando sus proyectos, en este caso los que tienden a criminalizar la protesta y la organización social”, señaló.
Al respecto, desde la ciudad de Santiago, el médico y activista chileno Ricardo Pérez Abarca, integrante de Unidad Social -coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) y académico de la Universidad de Chile-, planteó en entrevista con La Jornada, que es lamentable que el gobierno de Piñera y los parlamentarios hayan decidido criminalizar legalmente, la protesta social.
Sin embargo, “en Chile el cambio ya está instalado, y no hay vuelta atrás. En Chile ya no hay miedo”, señaló, al advertir que esa acción parlamentaria se produjo como resultado de “la fractura al modelo capitalista-neoliberal-patriarcal-extractivista, que está en una etapa de búsquedas de alternativa”.
Concretamente, denunció Unidad Social, el parlamento chileno aprobó un proyecto que penaliza con cárcel las siguientes formas de manifestación:
“1) Paros laborales en ciertas actividades económicas que interrumpan servicios públicos; 2) El derecho a la autodefensa frente a la represión policial; 3) La interrupción del tránsito de personas o vehículos; y 4) Las tomas de terreno, de edificios y toda formas de reivindicación territorial”.
Y el quinto supuesto aprobado, “castiga directamente a quienes han elegido organizarse junto a otras/os, estableciendo penas más graves en caso de que alguno de los hechos sean cometidos por participantes de una agrupación y organización de dos o más personas, destinada a cometer habitualmente los hechos”.
El parlamento chileno aprobó el proyecto de criminalización de la protesta social con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones. Los diputados que avalaron la nueva ley, pertenecen por igual al partido oficial, como a partidos de “oposición” al régimen de Sebastián Piñera.
Entre otros puntos, Unidad Social reiteró en su pronunciamiento dirigido a la comunidad internacional que, “a nombre de las 200 organizaciones que luchamos por derechos fundamentales y que somos parte del actual estallido social, señalamos que entendemos la aprobación de este proyecto como una continuación de la declaración de guerra a los pueblos, que hiciera Sebastián Piñera”.
“Defendemos nuestro Derecho a la Protesta, a la desobediencia civil y tal como establecen convenciones internacionales, nuestro derecho a la huelga, como derecho humano”.
Por ende, planteó Unidad Social dirigiéndose a toda la población de Chile, “convocamos a rechazar esta agenda represiva y frenar su tramitación propiciada por el gobierno, la derecha y parte de la ‘oposición’. Además llamamos a seguir movilizados, a no ceder a las políticas de terror del Gobierno y a impulsar la iniciativa popular de Asamblea Constituyente Soberana, Paritaria y Plurinacional y la Agenda Social de Transformaciones Urgentes que hemos puesto sobre la mesa”.
En tanto Ricardo Pérez Abarca, denunció a La Jornada que actualmente la vida en Chile continúa desarrollándose “con mucha violencia en estos días: muertes y desapariciones, tortura, mutilaciones, violaciones y abusos sexuales de parte de poderes del Estado.
“A pesar de los casi 50 de días de movilización en Chile ocurren fenómenos para analizar: tenemos una sociedad movilizada y organizada; dos mundos opuestos, por un lado los partidos políticos -salvo dos excepciones- que no han dado el ancho y oxigenando a un gobierno que ya casi todo Chile rechaza. Por otra parte, se profundiza la desconfianza a todo orden institucional, desembocando en organizaciones territoriales y miradas integradoras de la vida”.
Paralelamente, plantea con tono esperanzador el médico Pérez Abarca, “se está realizando la Cumbre de los Pueblos, instancia que agrupa a diversas centenares de organizaciones -principalmente medioambientales, feministas,pueblos ancestrales-, con una fuerte presencia de pueblos latinoamericanos en la búsqueda soluciones a través de la articulación y procesos de experiencias compartidas”, finalizó.
Fuente: La Jornada
