La juez octavo de distrito Adriana Alejandra Ramos León concedió la libertad preparatoria al expresidente municipal y al exsíndico de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia y Fortino Enríquez Hernández, sentenciados por homicidio calificado y por presuntamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Después de 20 años, los supuestos integrantes del EPR abandonaron la penitenciaría estatal alrededor de las 23:00 horas de ayer, aunque deberán cubrir, cada uno, 111 mil 252 pesos dentro de un lapso de 24 meses, para lo cual deberán exhibir, el día 3 de cada mes, la cantidad de 4 mil 630 pesos como reparación del daño.
Luna Valencia y Enríquez Hernández fueron detenidos el 25 de septiembre de 1996 acusados de participar en el ataque armado que realizó el grupo guerrillero, el 28 de agosto de ese mismo año, a instalaciones policiales y de la Marina en La Crucecita Huatulco.
El 28 de agosto de 1996, ráfagas de proyectiles sacudieron diversas oficinas gubernamentales, lo que marcó la presencia del EPR en la entidad. La irrupción del grupo insurgente abarcó ataques a la base naval, así como a instalaciones militares y de las policías estatal y municipal en Bahías de Huatulco, Tlaxiaco y la capital de Oaxaca, cuyas acciones dejaron un saldo de 16 muertos.
A partir de esos hechos fueron detenidas cerca 152 personas, en su mayoría indígenas de la región Loxicha, según documentó el Bufete Jurídico Popular.
Luna Valencia fue sentenciado a 31 años de cárcel y el exsíndico Enríquez Hernández a 21. Al expresidente municipal de San Agustín Loxicha le concedieron la libertad anticipada cuando le faltan 9 años para cumplir su sentencia, mientras que el exsíndico municipal salió libre cuando le falta un año para culminar su sentencia.
Sin embargo, en el penal de Ixcotel todavía se encuentran Abraham García Ramírez, quien purga una pena de 30 años; Álvaro Sebastián Ramírez, 29 años, y Justino Hernández José, una de 23 años con 6 meses, mientras que en Etla se encuentra recluido Zacarías Pascual García López, sentenciado a 24 años de cárcel.
La mayoría de los indígenas presos fueron acusados de los delitos de conspiración, terrorismo, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
Las “leyes nos mancharon y nos robaron 20 años de mi vida”, dijo entre lágrimas el expresidente municipal y, aunque lo acusaron de ser integrante del EPR, insistió en que nunca fueron parte del grupo insurgente.
A Fortino Enríquez le duele que al estar encarcelado injustamente no pudo enterrar a su madre ni a un hijo, aunque ahora quiere disfrutar de su familia.
Fuente: Apro
