También informan que ha iniciado la reparación del daño para el caso Tlatlaya, del cual se registran a 69 personas afectadas directa e indirectamente.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha registrado 179 víctimas del caso de los jóvenes desaparecidos en la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.
De ese total se incluye a 98 víctimas directas e indirectas de integrantes del club de futbol “Los Avispones”, por los hechos ocurridos en Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre pasado, relativos a la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, dijo el presidente de la CEAV, Jaime Rochin.
Se les brindó atención intedicipliaria y son sujetos de un programa de intervención individualizado, añadió Rochin
Añadió que otras personas han acudido a pedir apoyo y la comisión ejecutiva ha mantenido presencia permanente en la ciudad de Iguala.
El presidente de la CEAV precisó también que ha iniciado la reparación del daño para el caso Tlatlaya, donde se registran 69 personas entre víctimas directas e indirectas, de los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, cuando militares abrieron fuego contra civiles.
Durante la primera sesión ordinaria del pleno de este Sistema, dijo que la Comisión tiene tres pilares: registro nacional de víctimas, asesoría jurídica federal y Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Protección a todas las personas: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto, presente en el evento, afirmó que en una sociedad moderna, todas las personas deben contar con una adecuada y eficaz protección de sus derechos humanos, lo cual es particularmente importante cuando son víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de un delito.
Añadió que con el Sistema se da un paso integral hacia la protección de las personas, y se ratifica el compromiso de respaldarlas y con sus derechos humanos.
Al participar en la sesión ordinaria del pleno de ese organismo, el mandatario sostuvo que la administración federal tiene plena disposición para que haya una coordinación eficiente y eficaz entre niveles de gobierno para proteger a las personas agraviadas por delitos.
“En esa circunstancia de vulnerabilidad, las autoridades deben ser sus aliadas, velar por sus intereses y asegurar la reparación del daño. Quien es agraviado merece un trato digno y justo durante la denuncia, la investigación, el desarrollo del proceso judicial e incluso, después de concluido éste”, aseveró.
Fuente: Aristegui Noticias
