La comunidad de Magdalena Ocotlán impidió una consulta “amañada” para la ampliación del proyecto minero impulsado por la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, al tiempo que ratificó que continuará con la defensa de su territorio como lo han hecho desde 2005.
También responsabilizaron a la empresa minera Cuzcatlán, a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca por cualquier confrontación o atropello en su comunidad porque su defensa es pacífica y por las vías legales.
Los inconformes denunciaron que el pasado 29 de noviembre, la empresa minera Cuzcatlán en complicidad con la Procuraduría Agraria, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca y una Notaría Pública presionaron a las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán para aceptar la firma de contratos o convenios de exploración mediante la simulación de una consulta, la cual no se consumó debido a la oposición de la comunidad.
En una carta dirigida a organismos de derechos humanos, precisaron que esa acción generó una fuerte confrontación, ya que la empresa minera con la finalidad de lograr la aceptación de dicha consulta, trasladó a trabajadores de la localidad al palacio municipal, lugar donde se realizaría la actividad.
Por su parte el representante legal de la empresa minera, Javier Castañeda Pedraza y el subdelegado de la Procuraduría Agraria presionaban a las autoridades locales para que la ciudadanía firmara la boleta por un “sí”.
Los comuneros explicaron que “la ‘consulta’ estuvo plagada de una serie de irregularidades, además de que fue amañada y tendenciosa por lo que generó una fuerte indignación” en su comunidad, por lo que actualmente existe un clima de enojo y hostilidad”.
Consideran que estos hechos violentan su “derecho a la paz social, a la libre determinación, a la integridad de nuestro territorio, así como el derecho al consentimiento previo libre e informado, derechos reconocidos por el gobierno mexicano”.
Por tal razón, denunciaron que las autoridades federales y estatales, principalmente la Procuraduría Agraria se encuentran en complicidad con la empresa minera, dejando en total desprotección los derechos reconocidos constitucionalmente a la comunidad, cuando esa instancia gubernamental debería velar por los intereses y derechos de las y los ejidatarios, no por los intereses particulares de una compañía minera.
Se quejaron que esta acción forma parte del proceso de ampliación del proyecto minero “San José”, ubicado en el municipio vecino de San José del Progreso, el cual ha generado una fuerte conflictividad social y política, además de contaminar el territorio.
Como ejemplo citaron que durante 2016 se ha incrementado la emisión de polvo, existe contaminación en el arroyo El Coyote por un derrame de la presa de jales, así como un sinnúmero de explosiones que han agrietado sus casas.
Por consiguiente, la comunidad de Magdalena Ocotlán, exigió a las autoridades federales y estatales respeten su decisión porque “la consulta representa para nosotras y nosotros un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero.
“Magdalena Ocotlán no ha pedido ninguna consulta a ningún orden de gobierno, sino más bien el respeto a los acuerdos establecidos por la comunidad donde rechazamos tajantemente cualquier actividad minera”, subrayaron los comuneros.
Finalmente exigieron al gobierno federal, estatal y municipal que cese “el hostigamiento constante que hemos vivido, el cual se incrementó a partir de 2009, fecha en la que sufrimos un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 2012, fecha en la que de manera arbitraria y flagrante violación a nuestros derechos, la empresa minera introdujo una manguera de aguas residuales en nuestro territorio”.
Fuente: Proceso
