En México hay 11 millones de indígenas, pero apenas 24 abogados públicos federales certificados que podrían defenderlos si se ven involucrados en un conflicto con la ley, porque son los únicos que hablan una lengua indígena.
En 2014, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) había nueve mil 753 mil indígenas en la cárcel, 96 por ciento hombres, la mayoría acusados por delitos del fuero común.
Lo más grave de su situación es que ni siquiera 10 por ciento han podido contar con un traductor para su defensa, estimó Martín Rodríguez Arellano, presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas.
La CDI advierte que la ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües especializados en materia indígena y la falta de asistencia de intérpretes en lenguas indígenas son las situaciones violatorias de los derechos humanos a las que con más frecuencia tienen que enfrentarse
De acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública las lenguas en las que están certificados los 24 defensores públicos son:
- Maya.
- Purépecha.
- Náhuatl.
- Rarámuri.
- Huichol.
- Chinanteco.
- Mazateco.
- Mixteco.
- Mixe.
- Tzeltal.
- Tzotsil.
- Triqui.
- Otomí.
- Yaqui.
- Amuzgo.
- Chol.
- Zapoteco.
- Zoque.
A la par existen sólo 575 intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
El problema es que en México hay 68 lenguas originarias con 364 variantes lingüísticas, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales
En este escenario el próximo 18 de junio entrará en vigor a nivel nacional el nuevo Sistema de Justicia Penal, que tendrá como uno de sus principales desafíos cumplir con el tema de acceso especializado a comunidades indígenas, coincidieron expertos consultados por Excélsior.
“No podremos decir que el sistema acusatorio esté trabajando al 100 por ciento si no se cumple con este tema de acceso especializado a comunidades indígenas. Por ello el sistema penal debe adecuarse a ellos, no ellos al sistema, y para poderse adecuar se tiene que contar con intérpretes y traductores, pero además con abogados que conozcan sus usos y costumbres”, dijo Octavio Martínez Camacho catedrático del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana.
El experto en derecho procesal penal explicó que puede haber indígenas que podrían no entender que están cometiendo un delito, por lo que es importante que existan defensores que conozcan su cultura.
“En algún lugar se puede estilar el poder llevarse a la novia sin ningún problema y eso hoy en día sería privación de la libertad, a lo que vamos es que siempre se debe proteger que permanezca la identidad cultural de una persona indígena”, ejemplificó.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña reconoce que ha resultado compleja la tarea de formar una base confiable de profesionales en derecho certificados en lengua y cultura hablante del indígena sujeto a un proceso penal.
En un proyecto de sentencia sobre este tema, la integrante del máximo tribunal del país, expuso que las especificidades culturales de los indígenas obligan a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a implementar y conducir juicios que sean sensibles a las particularidades de ese sector de la población mexicana.
“La asistencia de un defensor junto con la de un intérprete, éste último necesariamente con conocimiento de lengua y cultura, es un mecanismo óptimo para asegurar una defensa adecuada y, por tanto, el pleno acceso a la justicia. Es la mejor manera de reducir la distancia cultural que de facto opera entre una persona indígena y las reglas de un sistema judicial inspirado en códigos que no comparten determinadas minorías culturales”, plantea la ministra.
Para Martín Carlos Sánchez, director general de la organización Renace, que se enfoca a garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y acusados, el acceso a la justicia para los pueblos y comunidades indígenas sigue siendo una deuda pendiente.
“Es un asunto que se ha dejado a un lado por mucho tiempo, porque aunque tienen derecho a intérpretes y defensores que hablen su lengua para tener una adecuada defensa, las autoridades tal pareciera que lo han olvidado”, comentó.
El abogado Martín Rodríguez Arellano, conocedor del derecho indígena, coincidió en que de manera histórica los indígenas se han enfrentado a un sistema ineficaz de justicia y pasarán entre ocho y 10 años para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal realmente los beneficie.
Esfuerzos
Autoridades han instrumentado algunas medidas para impartir una mejor justicia a los indígenas:
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) señaló que ha capacitado a 158 abogados indígenas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
El pasado martes, al implementar al 100 por ciento el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, anunció que se seleccionará a jóvenes para que puedan servir como intérpretes de las diversas lenguas indígenas que se hablan en el país.
En un proyecto de sentencia sobre este tema, Norma Piña, integrante del máximo tribunal del país, expuso que las especificidades culturales de los indígenas obligan a las autoridades a implementar y conducir juicios que sean sensibles a las particularidades de ese sector de la población. “La asistencia de un defensor junto con la de un intérprete es un mecanismo óptimo para asegurar una defensa adecuada”.
La Corte pide tener confianza en los cambios
Hay que tener plena confianza en el Nuevo Sistema Justicia Penal, que entrará en vigor en las próximas horas, ya que “es la ruta correcta para la transformación de la justicia en México”, así lo pidió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar.
Al inaugurar el Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, Aguilar Morales puntualizó que los juzgadores deben asegurarse de que en todos los casos se cumpla con el debido proceso, sin dejarse influir por presiones externas.
“El nuevo proceso penal es el camino correcto que ha sido trazado por el constituyente para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños a las víctimas se reparen”, puntualizó.
En su mensaje, Luis María Aguilar explicó que la correcta aplicación del debido proceso hará que las cosas se hagan bien, no por presunciones, por inferencias mediáticas o porque se crea, sin pruebas, que alguien es culpable de algún ilícito.
“Por tanto, mientras no existan pruebas lícitas que así lo demuestren, los jueces no pueden seguir por el camino fácil”.
