Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para expresarle su preocupación y rechazo por las declaraciones emitidas en un comunicado por parte de la dependencia en respuesta a las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) el pasado 13 de febrero.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” y la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) entre otras organizaciones, le pidieron a Osorio Chong que se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones, así como que exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas.
Las organizaciones firmantes aseguran que las recomendaciones emitidas por la ONU “están apegadas a la realidad”.
“Hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada”.
El mismo día que la ONU emitió las recomendaciones, la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación emitió un boletín cuyo último párrafo señala:
Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. Tal como lo acreditó ante el Comité, México tiene el firme compromiso de redoblar los esfuerzos dirigidos a transformar la forma en que se conciben, reconocen y aplican los principios que deben regular la prevención, investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que persigue la Convención.
Es por ello que las organizaciones acusan que esta respuesta no sólo no toma en cuenta la realidad, sino que “viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité”.
El Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta.
Finalmente le piden a Osorio Chong que convoque, a la brevedad, “a las organizaciones de la sociedad civil y a otros actores involucrados, para avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones”.
También exigen que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares y que durante el proceso del cumplimiento de las recomendaciones, se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.
México se niega a reconocer crisis
Este mismo día la organización Amnistía Internacional dijo que la respuesta del gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revela que no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y las fallidas estrategias de seguridadrespuesta del gobierno de México al informe del Comité de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) revela que no quiere reconocer la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y las fallidas estrategias de seguridad.
“El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno”, recordó la organización.
“Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que ‘no aportan elementos adicionales’ para abordar el problema”, dijo.
“El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país “, manifestó la organización.
“Amnistía Internacional está profundamente preocupada de que la declaración del gobierno implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Con más de 23 mil casos no resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas cometidas por la policía y las fuerzas militares, las autoridades deberían aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU”.
“El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, en sus observaciones finales sobre México, determinó que las desapariciones se han generalizado en el país, e instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver los casos pendientes. El CED también emitió recomendaciones específicas al gobierno”, recordó la organización.
“Sorprendentemente, pocas horas después de que el CED publicó sus conclusiones y recomendaciones, el gobierno mexicano contestó a las conclusiones al decir que ‘no aportan elementos adicionales’ para abordar el problema”, dijo.
“El gobierno mexicano no parece dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil contexto de derechos humanos que enfrenta el país “, manifestó la organización.
Fuente: Sin Embargo
